Se cumplió el 4º Aniversario de la vergonzosa desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y el Estado sigue sin entender las consecuencias políticas que tuvo ese suceso, que destruyó políticamente al presidente de la república y dejó herido de muerte al régimen priista.
La exigencia de esclarecimiento de los hechos es una obligación que recae sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ya ha mostrado que adolece del mismo problema que el régimen anterior, de no entender en su justa dimensión la relevancia de los derechos humanos. Esta dificultad condujo a la propuesta de una amnistía y no al de la búsqueda de la construcción de la paz a través de la justicia.
A diferencia de AMLO, la actual senadora y exministra de la Corte Olga Sánchez Cordero, si concibió la pacificación del país, dominado por una violencia generada por la guerra en contra de la delincuencia organizada, a través de la construcción de un proyecto de justicia transicional.
El fondo para construir un proyecto de paz, en una sociedad que padece guerra interna o la generalización de la violencia, no es la amnistía sino la justicia transicional, aunque estas dos visiones suelen estar articuladas. Las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.”
Es importante señalar que la justicia transicional tiene cuatro principios establecidos en normas internacionales: La obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos; el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han corrido las personas desaparecidas; el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a obtener reparación; y d) la obligación del Estado de impedir, mediante la adopción de distintas medidas, que tales atrocidades vuelvan a producirse en el futuro.
En el país hay una ausencia de políticas en derechos humanos. Esto se debe en mucho, al modelo político implementado en los años 30s, que definió la conformación de un Estado social autoritario, de partido hegemónico, en donde se restringieron libertades, se limitó la construcción de ciudadanías, se establecieron relaciones políticas no democráticas, se concentró la actividad política al interior del partido y se disfrazó a la disidencia con un discurso y una práctica que no promovió un proyecto democrático. Todo esto produjo una pobre cultura política en el país y una oposición simulada y poco desafiante al orden establecido, que con los años terminó reproduciendo los mismos vicios y prácticas autoritarias del partido dominante.
En la actualidad, los obstáculos que tiene México para la implementación de un proyecto de justicia transicional se encuentran en las dificultades que hay para fortalecer la democracia en el país y la disminución de la impunidad. Esto implica un marco amplio de reformas constitucionales que abra la posibilidad real de un tránsito de gobierno autoritario a uno democrático, en el que las instituciones políticas del país están impregnadas por el discurso y las prácticas autoritarias, lo que representa el gran reto a vencer en el proyecto político que se estableció sobre el discurso del cambio verdadero.
Los hechos de Iguala, que condujeron a la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, es una herida abierta en la sociedad mexicana, que el gobierno de AMLO debe investigar y sancionar a los responsables de esa desaparición, y a la vez debe reparar el daño ocasionado a las víctimas e implementar medidas de no repetición.
Una decisión saludable para tender el puente de comunicación con los familiares de las víctimas, es el anuncio realizado sobre la creación de la comisión de la verdad.
