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Los primeros sesenta días

Editorial
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Lo deseable sería que los conflictos que se viven en Chiapas se resolvieran en lugar de agudizarse.  Para ello la secretaría debiera de crear una mesa de diálogo con los diferentes grupos y organizaciones demandantes, y a la vez, tomar medidas preventivas para evitar el surgimiento de nuevos conflictos.

Es cierto de que hay demandas de los grupos que no fueron atendidas por el anterior gobierno y resulta  inconcebible que no se atiendan y resuelvan con el actual gobierno; como es el caso de la falta del pago de los maestros interinos, la atención de las demandas de los estudiantes de las normales o la solución a la población de desplazados que se han visto obligados a realizar plantones afuera del palacio de gobierno.

Hay problemas como el de la presencia de grupos paramilitares donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, y estos grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios. El  nuevo gobierno carga con la presión de dos medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los desplazados de Chenalhó y de los desplazados de Chalchihuitán y dos recomendaciones de la CNDH, en donde le concedieron seis meses para que se desarmen los grupos paramilitares y elabore un programa de pacificación en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán. Esto implica el compromiso de verdad, justicia y reparación a los agravios reiterados, de desplazamientos, desapariciones, asesinatos, persecuciones y encarcelamientos que por décadas se han vivido en las comunidades indígenas de estos municipios.  

El punto crítico que la administración de Rutilio Escandón no logra superar, es el relajamiento de la autoridad que se institucionalizó en los anteriores gobiernos, en el que se creó en el imaginario de la población que el Estado no funciona en la entidad y esto se refleja en los índices de impunidad que tiene Chiapas que es del 99%.

Este escenario de debilidad de las instituciones es el que se debía de borrar de un plumazo , pero que desafortunadamente permanece en la gestión de Rutilio Escandón, que en los dos meses que lleva la administración los problemas sin atender continúan y la inseguridad se disparó a niveles peligrosos, que ha mostrado la deficiente capacidad de respuesta que hay.

En los pocos días que lleva el gobierno estatal, se percibe que no se elaboró un plan de acciones para los primeros 100 días, que resultan fundamentales para el establecimiento de la seguridad y la nueva gobernanza, lo que hace presuponer que la gobernabilidad está prendida con alfileres a la agenda del gobierno federal en Chiapas, en donde la presencia del presidente de la república fortalece siempre al gobernador, pero eso no significa que los problemas de la entidad se van a resolver como si fuera por arte de magia.

Por ello el oficio político es fundamental y se requiere de una operación política eficaz de 24 horas diarias, sobre todo porque los conflictos en la entidad se gestan y se mueven bajo aguas subterráneas y sólo se conocen cuando estallan.