Desplazados indígenas

El problema de los desplazamientos indígenas en Chiapas viene de varias décadas atrás, cuando en los años 70s en San Juan Chamula se dio una expulsión por razones religiosas. Sin embargo, la gravedad de este problema  se debe a que ningún gobierno ha querido resolver esta situación, misma que se agudizó a partir del año de 1994, en que se diseñó una política de Estado para crear, adiestrar y financiar grupos paramilitares con la finalidad de enfrentar entre sí a las comunidades indígenas, y a partir de allí generar un discurso distractor que señaló que la violencia en esas comunidades no era producida por el Estado sino debido a los conflictos intercomunitarios.

Son muchos los sucesos de violencia que se han presentado en los últimos años que terminaron provocando desplazamientos indígenas y el Estado no implementa medidas para prevenir estos desplazamientos, y de manera omisa continúa desestimando el clima de agravios, conflictos y de tensión social que prevalece en las comunidades en donde los grupos paramilitares actúan con impunidad.

En los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán existe una profunda polaridad social, que no está siendo entendida ni aquilatada por el gobierno de Chiapas, en donde dos diferentes grupos paramilitares impusieron condiciones en la región y la reincidencia de enfrentamientos y muertos, problema que podría resolverse con voluntad del gobierno y aplicando las políticas públicas adecuadas.

Sobre los desplazados de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han emitido medidas cautelares y recomendaciones al Estado mexicano y al gobierno de Chiapas para que atiendan esta situación, que eviten daños mayores o violaciones graves a los derechos de esta población, y ha recomendado al gobierno de Chiapas el desarme de los grupos paramilitares. Hasta ahora el gobierno chiapaneco ha sido omiso a esta recomendación y se ha dedicado a promover reuniones, que no resuelven las causas del problema.

Hacia los desplazados hay una desatención del gobierno y se ha omitido tomar las decisiones que procuren las condiciones del retorno de miles de desplazados que habitan los cinturones de miseria en la Ciudad de San Cristóbal de Las casas.

La región de Aldama, Chenalho y Chalchihuitán está convertida en un polvorín, sin que esto pareciera preocuparle a las autoridades del gobierno estatal y federal, quienes vienen incumpliendo las medidas cautelares de la CIDH y la recomendación de la CNDH, pues los grupos paramilitares continúan actuando en la impunidad, sin que haya visos de que se implemente un operativo de desarme y sin que se implemente un programa de cultura de paz y no violencia, que permita la convivencia comunitaria de todos los grupos.

La desatención política a los desplazados provoca los plantones indígenas que hoy día se encuentran afuera del palacio de gobierno y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son muestra de que en este gobierno, que se comprometió con la transformación, se continúan reproduciendo los mismos patrones de impunidad del viejo régimen.