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El discurso del Chiapas seguro

Editorial
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La inseguridad se convirtió en un problema serio en la entidad, pero el gobierno mantiene una postura de que Chiapas es un Estado seguro, en donde parte de una premisa equivocada al considerar, que con negar el problema y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos bancarios, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control.

La campaña publicitaria de un Chiapas seguro que promueve el gobierno es insustancial. De nada sirve que se oculte o se niegue una situación cuando de manera reiterada acontecimientos de violencia o de inseguridad en Chiapas son noticia nacional, que reduce las posibilidades de un turismo seguro en la entidad. De allí la falacia del Chiapas imaginario que se percibe en los funcionarios y la mesa de seguridad, que cada vez se encuentra más desacreditada.

Frente a ese Chiapas imaginario se levanta una realidad que padece una desigualdad social, que vive en la pobreza que tiende a incrementarse; una población preocupada  por la falta de circulante y de una ausencia de inversión pública, que está temerosa de los despidos que realiza la administración y por la pérdida de empleos provocada por el cierre obligatorio de las negocios debido a la pandemia.

La fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad improvisan acciones que son violatorios a los derechos humanos. En este sentido los retenes policíacos, inconstitucionales en todos los sentidos, se han convertido en mecanismos de extorsión y de intimidación a la ciudadanía, que no resuelven los problemas de inseguridad ni de tráfico de armas, ni de drogas ni de personas. Pero además la fiscalía general continúa con las prácticas de tortura y la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, como se hacía en el antiguo régimen, al que tanto critican pero lo siguen imitando.

Con estas medidas, la administración de Rutilio Escandón muestra las dificultades que tiene para brindar seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos, en donde su apuesta es criminalizar la protesta social e infundir temor en la población, como lo ha hecho con los estudiantes normalistas y la población indígena desplazada..

Ni en la fiscalía ni en la secretaría de seguridad hay talento para garantizar la tranquilidad ciudadana. En esas dependencias lo que hay son acuerdos con la delincuencia organizada y en las delegaciones de ambas dependencias se tienen establecidas cuotas a los mandos para encubrir un conjunto de ilícitos que a diario se suceden, sobre todo en los municipios fronterizos, que va del tráfico de azúcar, de ganado, de personas y las rutas de paso de drogas que están claramente establecidas por los principales cárteles del país.

Un reto del gobierno de Rutilio Escandón era el de garantizar seguridad con respeto a los derechos humanos, algo en lo que hasta ahora no ha podido responder a la ciudadanía, en donde la falla inició desde el nombramiento de los funcionarios responsables de la seguridad y la justicia, que han mostrado total ineficacia para restablecer la paz y la tranquilidad de la población chiapaneca, lo que convierte a esta administración en una amenaza para los derechos humanos.