Recuento de daños

La decisión del juez de cambiar las medidas cautelares para que los estudiantes detenidos de la escuela normal rural Mactumatzá, no se debió a ninguna medida salomónica sino a la desaprobación del gobierno federal, expresado en voz de la secretaria de gobernación, quien manifestó que los jóvenes podían pasar su proceso en libertad, tal y como fue acordado, el día de ayer, por el juez del caso.

El conflicto de los normalistas y la respuesta represiva del gobierno deja varias reflexiones. Hay un clima de linchamiento mediático contra esta escuela normal, generado, en mucho, por el financiamiento a la prensa y portales de internet, desde el palacio de gobierno. Pero también este malestar público se debe a una cultura política conservadora, que aplaude el uso de la fuerza en contra de las manifestaciones, pero que guarda silencio ante los abusos de poder y prácticas dañinas a la sociedad, que realizan reiteradamente los funcionarios y el gobierno.

Esta reacción social, muestra que los estudiantes de Mactumactzá no cuentan con el respaldo de ciertos núcleos de la sociedad, quienes rechazan los métodos de lucha que afectan a bienes públicos y a la propiedad privada. Pero esta visión poco les interesa a los estudiantes, que mantienen sus posturas antisistémicas y su discurso radical en las calles y que no van a transigir ante un gobierno que no sabe dialogar y que tampoco le interesa atender ni resolver los problemas sociales en la entidad.

Sin embargo, en el recuento de daños el gobernador Rutilio Escandón es señalado como represor, violador de derechos humanos y poco hábil para resolver las demandas que se convierten en callejeras, en las que resulta fundamental mantener el diálogo. Y esto no es una apreciación sin fundamento sino comunicados que se hicieron públicos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, por el organismo Human Rights Watch y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes rechazaron el uso de la fuerza como mecanismo para resolver las demandas de los estudiantes.

En este sentido, el gobernador salió mal parado, un asunto casero se convirtió en nota nacional y tuvo consecuencias internacionales a partir de que los organismos más importantes en materia de derechos humanos en el mundo se pronunciaron pidiendo la libertad de los normalistas y exigiendo la investigación de los presuntos abusos policiales denunciados por las estudiantes que fueron detenidas.

¿Qué ganó el gobernador con esta represión a los normalistas? No ganó, perdió. Sobre todo porque las causas del conflicto con la escuela normal Mactumactzá continúan y la secretaría de educación terminará cediendo ante las peticiones de los estudiantes. A su vez, ante los ojos del gobierno federal se evidenció nuevamente la inoperancia gubernamental, en el que prevalece el estómago y no la cabeza. Y por último los organismos internacionales de derechos humanos voltearon los ojos a Chiapas, en donde continúan las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos y en el que prevalece la falta de voluntad política para investigar y sancionar estas violaciones, sin importar el color del partido que gobierna, pues la violencia institucional sigue siendo un mecanismo recurrente en los gobernantes.