Durante décadas Chiapas ha representado un problema de seguridad nacional. En la historia reciente, dos sucesos en la entidad generaron la renuncia del secretario de gobernación y la del gobernador del Estado: la primera en 1994 con el levantamiento armado zapatista que provocó la renuncia de Patrocinio González Garrido a la secretaría de gobernación y la de Elmar Setzer Marseille, a la gubernatura del Estado; la segunda, en 1997, con la matanza de Acteal, que generó la renuncia de Emilio Chuyfett a la secretaría de gobernación y de Julio César Ruíz Ferro a la gubernatura de la entidad.
Por eso, en las circunstancias actuales de Chiapas, el desempeño del secretario de gobierno contiene una alta responsabilidad, pues sobre él recae la seguridad interna, el restablecimiento del orden, la negociación y la construcción de acuerdos con los grupos y el buen éxito de la conducción política de Chiapas, situaciones que implican un importante trabajo político, que desafortunadamente Juan Carlos Gómez Aranda no sólo no lo viene realizando, sino que con su inacción en la operación política, más bien parece que su apuesta es incendiar el Estado.
Muchos de los conflictos políticos que se viven en estos momentos en la entidad, se debe a la disputa abierta que hay por la gubernatura en el 2018, donde los aspirantes vienen desarrollando un trabajo político cada vez más protagónico, anteponiendo los intereses privados al interés público, debilitando, deslegitimando, conflictuando y deteriorando la convivencia y deteriorando el ambiente político, a unos meses de que inicie el proceso electoral en Chiapas.
Las condiciones sociales en Chiapas no son las más halagüeñas, de allí la urgente necesidad de un secretario de gobierno avocado a construir los espacios de gobernabilidad, preservando siempre el interés público y no los beneficios de los grupos de interés, a los que Gómez Aranda forma parte.
En este último año se han presentado sucesos graves, que si Chiapas estuviera gobernado por alguien que tuviera una mínima responsabilidad de Estado, el secretario de gobierno ya hubiera sido destituido y estaría sometido a suceso por el delito de homicidio de comisión por omisión , ejemplos: el secuestro del presidente del Congreso por pobladores de Chenalhó, el asesinato del presidente municipal de San Juan Chamula, los conflictos por la presidencia municipal de Oxchuc y Chenalhó, el desacato del Estado para restituir en su cargo a las presidentas municipales de Oxchuc y Chenalhó ordenado por el TRIFE, el secuestro de pobladores y quema de casa en Oxchuc y el asesinato de líder de la CIOAC, Luis Hernández, que rápido fue utilizado por las aspiraciones de uno de los contendientes para desbarrancar al candidato favorito del gobierno.
La seguridad del Estado no puede estar supeditada a los intereses y ambiciones que están en juego para el 2018, y menos estos intereses deben estar por encima del interés general de la población como recurrentemente viene sucediendo.
Chiapas representa un riesgo para la seguridad del país y los sucesos de violencia que se vienen suscitando, deben ser atribuidos a la ausencia de gobierno, a la indiferencia del gobernante y a la inoperancia del secretario de gobierno en la entidad, quien al tomar partido por uno de los aspirantes a la gubernatura, Luis Armando Melgar Bravo, dejó suelto los hilos de control del orden y se convirtió en un problema más para la entidad, ante la complacencia de un gobernador que no toma decisiones y que considera irrelevante gobernar.
