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El derecho a saber la verdad

Editorial
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A raíz de una filtración en las Redes Sociales de una reunión sostenida por José Antonio Aguilar Bodegas, donde expresa algunas consideraciones para participar en  la búsqueda de la gubernatura en el 2018 y después de hacer una declaración en los términos de que el exgobernador Pablo Salazar le robó las elecciones del 2006,  el exgobernador vía twitter reviró de que Aguilar Bodegas era un mal perdedor y eso ocasionó que en video Aguilar Bodegas reafirmara su acusación y vertió elementos de cómo se realizó ese robo, que terminó beneficiando a Juan Sabines Guerrero.

 

En ese entrecruce de señalamientos –que para muchos puede ser un distractor, resultar tardío o extemporáneo-, hay un elemento que no se debe pasar por alto: El derecho a la verdad; y si en realidad hubo un robo de una elección, éste tiene que investigarse, sin importar que  las elecciones hayan sido hace  once años o veinte o cincuenta años, en virtud de que eso significa la existencia de una violación a los derechos políticos y en materia de derechos humanos las violaciones son imprescriptibles.

El derecho a la verdad se deriva de varios derechos reconocidos en el derecho internacional, lo que lo hace un derecho exigible en sí mismo. Y al respecto existen una serie de casos en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus resoluciones ha ratificado el derecho a la verdad de las víctimas, los familiares y la sociedad en su conjunto.

En varios países latinoamericanos, se han creado Comisiones de la Verdad como un reconocimiento explícito del derecho que tienen los ciudadanos a saber la verdad, sobre diferente sucesos que condujeron a la violación de derechos humanos. En México el derecho a la verdad está reconocido en los medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales, lo que permite llegar a constituir Comisiones de la Verdad que investiguen violaciones graves a los derechos humanos.

En este sentido, en un país poco democrático como México –en el que reiteradamente se violan los derechos civiles y políticos de la población-, resulta de interés crear Comisiones de la Verdad,  con el fin de realizar las investigaciones que finalmente revelen los hechos y realizar un esfuerzo por procesar y castigar penal y disciplinariamente a quienes resulten responsables de las violaciones.

José Antonio Aguilar Bodegas ya puso los dedos en la llaga, al señalar que hubo un robo en las elecciones del 2006 y este señalamiento debe ser investigado a cabalidad, por las consecuencias sociales que tuvo, al permitir a Juan Sabines llegar a la gubernatura de Chiapas.

Pero sobre Sabines también es factible crear una Comisión de la Verdad para que se investiguen específicamente los mecanismos mediante el cual el Congreso del Estado autorizó el endeudamiento del gobierno a Sabines, pero también debe investigar para conocer cuál es la información soporte sobre los proyectos de inversión que propuso el gobierno del Estado, para que el Congreso le  autorizara los préstamos, así como los resultados de esa inversión productiva.

El debate que se encuentra en víspera entre estos dos políticos, no debe ser de insultos y descalificaciones, en virtud de que lo que se requiere saber es la verdad, para que nuca más esos sucesos puedan llegar a repetirse.