Durante el porfiriato era frecuente que el dictador le recomendara a los gobernadores realizar obras para hacerse de capital y beneficios. Esa historia se repitió en los gobiernos posrevolucionarios con generales que fueron retirados del gobierno; les asignaron obras y muchos de ellos hicieron importantes capitales.
Por ello el diezmo en las obras se convirtió en parte de una cultura institucional; es una forma encubierta de corrupción en los gobernantes y funcionarios, pero esa práctica ha tenido cambios con mucha mezquindad porque ahora ya no se trata del 10% de comisión sino que se ha ido al 20 e inclusive 25% de comisión, lo que origina que la obra pública se realice con mala calidad y con muchos riesgos para la vida de la población.
Esta corrupción de la obra pública aflora con los desastres naturales ya sean por lluvias, sismos o huracanes. En Chiapas ha sido frecuente que se caigan o deterioren los puentes, las escuelas, hospitales y viviendas, lo que genera que cada año la entidad reciba recursos adicionales por parte del FONDEN. Pero también es muy frecuente que población afectada por los desastres naturales se quede sin los apoyos y que los procesos de reconstrucción se lleven a cabo con patrones de información que no son del todo confiable.
Por eso hay desconfianza en el manejo de los recursos del FONDEN, que ha permitido el enriquecimiento de funcionarios que medran con el desastre que sufre la población y que aprovechan las circunstancias para enriquecerse.
En la situación actual generada por los sismos en la región, existe una desconfianza generalizada hacia la transparencia del gobierno de la entidad. Sobre los funcionarios responsables de protección civil, de obras y de la construcción de escuelas hay fuertes señalamientos por enriquecimiento inexplicable, lo que los convierte en personas poco confiables para que asuman la tarea de la reconstrucción.
Pero también el proceso electoral que inicia formalmente en unos días más, está generando desconfianza y malestar hacia algunos funcionarios, que no dudan en utilizar el dolor de los damnificados para realizar proselitismo. En el que muchos de ellos utilizan los recursos públicos para promover la imagen personal, sin que nadie ponga límites a estas prácticas con visos de ilegalidad ni se aplique ninguna sanción penal o administrativa al respecto.
El sismo del siete de septiembre vino a ser un respiro para el actual gobierno, que se encontraba en los niveles más bajos de popularidad y donde el rechazo de la gente iba en aumento, lo que le ha permitido recorrer las zonas de desastre con un mensaje esperanzador y dando ánimos a los damnificados, situación que le permite reconstruir su legitimidad que se encontraba francamente disminuida.
Pero al ismo tiempo el sismo le permitió contar con el apoyo del gobierno federal y con los recursos del FONDEN, lo que abre las posibilidades de respuesta a los afectados y le permite modificar la relación de fuerzas de cara al proceso electoral del 2018.
Aquí se conjugan dos discursos; el de atender y resolver no solo las necesidades de los damnificados sino también los problemas que representan la reconstrucción de las zonas afectadas; pero también el de garantizar el triunfo electoral, que en realidad representa la única preocupación del gobernador.
La disputa electoral en Chiapas no es entre partidos y ni siquiera es entre aspirantes a la gubernatura. La disputa real es entre grupos de poder. Por un lado están los resabios del sabinismo, encarnados por Roberto Albores y Zoé Robledo y por el otro está el gobernador Manuel Velasco Coello, que busca a toda costa cerrar las posibilidades del retorno de los intereses del exgobernador Sabines.
El sismo le trajo la fortuna al gobernador de la entidad, quien prácticamente le cerró el paso al mejor contendiente que podía tener MORENA en la entidad, como es el senador Zoé Robledo y ahora solo le queda desbarrancar las posibilidades del senador Albores Gleason.
En este sentido las tareas de reconstrucción en los próximos meses de la zona afectada, le permite al gobierno hacer campaña con las obras y tener bajo control el proceso electoral. Lo único que le hace falta al gobernador para cumplir con sus propósitos son mejores operadores políticos y colaboradores más inteligentes y menos corruptos.
