La pobre cultura política que hay en México se debe en mucho a la sociedad de complicidades que el Estado Mexicano desarrolló con la clase política, con los partidos, los sindicatos, con el sector empresarial y con la delincuencia organizada, que hace espléndidos negocios con la complicidad del gobierno. Esto lo que produce es una impunidad generalizada y redes de encubrimiento y protección institucionalizada.
Por esa impunidad que prevalece en el país no se encarcelan a los políticos mexicanos, ni se combate frontalmente a la delincuencia organizada y mucho menos se desmantelan las redes de lavado de dinero, de tal forma que existen vasos comunicantes entre el Estado y la delincuencia. En el que existen señalamientos en que son los mismos la clase política, el sector empresarial y la delincuencia organizada.
Pero los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales también participan beneficiosamente de las complicidades y corrupciones con el Estado, de allí que no exista un compromiso para transformar el estado cosas que permite la reproducción social del régimen político.
Los partidos señalados como de izquierda, se encuentran alejados de las luchas sociales y difícilmente enarbolan las demandas de la población. Todos los partidos en el país son de corte liberal y su principal interés se mueve en torno a ganar las elecciones y en esta lucha, poco les importa realizar alianzas contranatura, ya que finalmente lo que les importa es obtener votos y ganar las elecciones y no los principios políticos.
Los sindicatos en México tienen una fuerte tradición corporativa y sus compromisos con el Estado y los patrones no los hacen representativos del sector de los trabajadores y al interior de esos sindicatos se constituyen grupos de poder, que actúan como mafias y reproducen relaciones de tráfico de influencias.
De igual manera, los grandes capitales nacionales se han forjado bajo la protección y guía del Estado mexicano. Por eso el sector empresarial tiene claro que sus beneficios se multiplican a través de las prácticas de corrupción y de componendas con el gobierno,
Este país nunca ha sido gobernado por políticos de ideas progresistas, por eso el régimen político no responde a un proyecto de ideas democráticas y el Estado de derecho no se constituyó como tal, pues el principal violador de la norma jurídica es el propio Estado y él es el principal obligado a apegar sus acciones en el marco de la ley.
En México, el poder del presidente está por encima de la ley y de los otros dos poderes del Estado, esta situación es lo que reproduce finalmente la impunidad y establece un pobre funcionamiento de la justicia. Al permanecer acotada la esfera de la impartición de la justicia, la impunidad termina dinamizando la corrupción en todos los niveles de la vida cotidiana.
Los sismos del 7 y 19 de septiembre muestran un aspecto que no se debe pasar por alto; amplios sectores de la población expresan abiertamente su profundo malestar y su insatisfacción hacia los partidos, a los diputados y senadores, a los gobernadores, al presidente de la república, a los funcionarios públicos, a jueces, magistrados y ministros. Esto es, que se está desacreditando al Estado en sí, lo que demuestra que en el país, aunado a la crisis social y económica que se vive hoy día, también existe una crisis del Estado.
Los sismos dejaron al descubierto la corrupción y la impunidad generalizada del país, lo grave es que el clima de desastre produce en los afectados sensaciones de esperanza en la recuperación de su patrimonio, que en realidad no van a ser resuelto por el gobierno por la incapacidad económicas y de descrédito que tiene, y en el momento en que la población se de cuenta del engaño, la reacción de enojo puede alcanzar niveles de violencia que no van a ser contrarrestadas con facilidad, por la crisis que hay en el Estado.
