El acuerdo del Cisen con la CIA: espionaje a la carta

En el contexto de la lucha contra el terrorismo internacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto ratificó con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) un sistema de espionaje en México contra objetivos civiles y diplomáticos de varios países, revelan documentos clasificados.

El expediente del cual Proceso tiene una copia contiene el informe que Eugenio Ímaz Gispert, entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), presentó en Washington –el 15 y 16 de abril de 2013– sobre los avances del espionaje internacional realizado con la agencia estadunidense.

Con el título “Notas”, los documentos clasificados del gobierno de Peña Nieto exponen a varios ciudadanos y diplomáticos de China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Rusia y Venezuela como blancos del espionaje realizado desde México.

Los “Objetivos de interés para la CIA” hablan respecto de China de un proyecto de intercambio de información sobre agentes de inteligencia bajo cobertura de corresponsales en el país.

En cuanto a Corea del Norte, se refiere a un acuerdo para compartir datos relacionados con las operaciones clandestinas realizadas por diplomáticos norcoreanos en México y su conexión con América Latina.

Respecto de Irán hay un seguimiento técnico-operativo a un objetivo prioritario de atención (consejero de la sede diplomática en México). También se pide rastrear las actividades de los presuntos miembros de una red “dedicada a la introducción ilegal de iranés (sic) al país”, para ser trasladados a Estados Unidos, así como monitorear a una agencia turística ubicada en Quintana Roo, presuntamente vinculada con funcionarios de Irán y utilizada para el tráfico de indocumentados de ese país en territorio mexicano.

Sobre Rusia se menciona la cooperación para validar información relativa a la composición de la plantilla diplomática y parque vehicular ruso en México, con la finalidad de proveer antecedentes de inteligencia, así como alertas de la mafia rusa en territorio nacional.

A cambio, el gobierno de Peña Nieto recibiría de la CIA lo que en los documentos se refiere como “Objetivos de interés para el Cisen”.

De Cuba se pide la validación de información en torno a diplomáticos sospechosos de participar en actividades de inteligencia, y de Venezuela, el intercambio de información sobre blancos de interés.

Pese a que el reporte que Ímaz entregó a la CIA y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) –del gobierno del entonces presidente Barack Obama– se centraba en asuntos específicos de seis países, los documentos dan cuenta de que eran más amplios la red de espionaje desde México y los objetivos de Washington.

De acuerdo con dichos documentos “existe el intercambio de información permanente con los enlaces establecidos en México de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre ciudadanos transcontinentales o de interés especial de Afganistán, Egipto, Etiopia, Irán, Líbano, Marruecos, Pakistán, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, Sierra Leona, Nigeria, Ghana. Eritrea, Bangladesh (y) Argelia”.

De esa manera, el gobierno de Peña Nieto ratificó las licencias de espionaje que su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, otorgó a la CIA, al FBI y al Pentágono en la lucha binacional contra el crimen organizado, bajo el esquema de la Iniciativa Mérida.

Contrario a lo expuesto por Peña Nieto durante su campaña electoral y días antes de asumir la Presidencia, sobre que revisaría la Iniciativa Mérida para reducir el intervencionismo de las agencias de inteligencia estadunidense, su gobierno fortaleció los acuerdos de espionaje suscritos por Calderón, incluso convirtiendo a ciudadanos mexicanos en blancos de espionaje.

En el inciso llamado “Esquema Vigente de Cooperación con Estados Unidos”, el expediente detalla que el Cisen y el Instituto Nacional de Migración “realizan tareas de acopio de información a fin de valorar el perfil y los posibles riesgos de migrantes regulares e irregulares”.

Extremistas en México

El informe de Ímaz detalla otro propósito de la CIA mediante el espionaje mexicano: “Contar con un registro de las comunidades islámicas asentadas en territorio nacional (…) Se cuenta con un registro de por lo menos nueve centros islámicos que difunden ideología radical, ubicados en Baja California, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Morelos”.

En abril de 2013, el exdirector del Cisen reportó a la CIA y a la DNI que “existen registros de eventos culturales patrocinados por las diversas comunidades islámicas en los que se ha contado con la presencia de importantes líderes musulmanes extranjeros radicales”.

En el expediente se identifican cuatro objetivos prioritarios vinculados con el tráfico de migrantes de nacionalidades de “interés especial” para Estados Unidos: Monjurul Islam Chowdhury, alias Ratán, es un bengalí radicado en la Ciudad de México, considerado el cuarto mayor traficante de migrantes de nacionalidades de interés.

Israel Ibarra Pérez, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, es otro de los objetivos que trafica chinos e indios; Atik Hossain Hossain, de Bangladesh, también radicado en México, trafica paquistaníes, bengalíes, indios, nepaleses, somalíes y etíopes; y Shams Eddin Fanaie, alias Reza, es un iraní que hace lo mismo con sus connacionales y con afganos.

Tráfico por Venezuela

Respecto de la cooperación de inteligencia para contener al terrorismo, los documentos clasificados marcan tres asuntos.

El primero es el caso Águila-CIA que implica tres objetivos prioritarios y dos de aproximación. El FBI entregó información de una de sus fuentes sobre una presunta amenaza contra los intereses estadunidenses por parte de un grupo de 15 migrantes con entrenamiento operativo del Hezbolá y con el respaldo del gobierno de Irán; se trata de personas que pretenden ingresar a México desde Venezuela.

En el documento se pide obtener y validar información que permita sustentar la versión de la fuente del FBI, así como el seguimiento al mexicano Omar Rueda Puente, al indio Prabharan Renganathan y al iraní Ahmad Moghaddan, presuntamente encargados de operar en México un centro de comando y control con fines terroristas.

El segundo caso es el Líbano-CIA, con dos objetivos prioritarios y ocho de aproximación. En junio de 2012 el servicio de inteligencia israelí, el Mosad, compartió información que señala a los hermanos Samer y Amer Akil Rada, radicados en México y Venezuela, respectivamente, como integrantes de las alas logística y operativa de Hezbolá.

Y en el caso identificado como Comunidades-CIA, con 19 objetivos prioritarios y 35 de aproximación, se indica que la presencia de corrientes islámicas extremistas en territorio nacional, por medio del establecimiento de mezquitas y musallas, constituye un elemento de atención y riesgo para la seguridad nacional ante la posibilidad de fungir como nichos de adoctrinamiento y cooptación de personas que simpaticen con la ideología de alguna organización terrorista.

Seguimiento a diplomáticos

El informe clasificado también detalla la cooperación en materia de contrainteligencia para el caso Rusia. Destaca que en el contexto de los acuerdos Cisen-CIA se han obtenido “avances relevantes” del seguimiento de la sede diplomática rusa en México.

Con el término de la misión del embajador Valery Morozov, en diciembre de 2012, la legación rusa ha renovado parte de su plantilla diplomática, así como el parque vehicular. Se ha observado de manera inédita a funcionarios en autos con placas locales. La nueva plantilla se encuentra en proceso de validación.

El reporte de Ímaz habla de la identificación de 17 diplomáticos correspondientes al personal acreditado ante la cancillería mexicana, de los cuales siete se consideran parte de la residencia rusa, mismos a los que se les da seguimiento a fin de validar su vinculación con el servicio de inteligencia o militar.

El documento también reporta indicios de que el Consejo Coordinador de los Compatriotas Rusos en México sirve de plataforma para la inteligencia rusa en los siguientes aspectos: control de la comunidad de Rusia en México por medio de 18 delegados a nivel nacional y la identificación de caucásicos potenciales para obtención de información estratégica (infiltración/cooptación).

Otra parte del informe de Ímaz habla del caso “Tandoor-FBI”, que tiene un objetivo prioritario y siete de aproximación. A manera de contexto se explica que en la captura de Imtiaz Ahmad Siddiqui por agentes del FBI, en 2001, está implicado el uso de una tarjeta de crédito a nombre de Ziad Jarrah, persona identificada como uno de los terroristas de los atentados del 11 de septiembre. Durante su detención, Siddiqui refirió que vivía en México y que era gerente del restaurante Tandoor, propiedad de su hermano Niaz Ahmad Siddiqui.