El sábado en presencia del presidente de la República, Rutilio Escandón tomó posesión como gobernador del Estado de Chiapas. Su mensaje sin nada novedoso, dejó entrever su nerviosismo, a punto tal que juró cumplir las disposiciones de la constitución de los Estados Unidos, pero no quedó claro a qué país se refería, porque se comió la palabra Mexicanos. Habló de recuperar el proyecto de la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas a Palenque y habló del derecho de vía, como si ese haya sido el problema, e ignora que hubo un amparo en contra de la construcción por violaciones al derecho a la consulta, pues la carretera representa un megaproyecto que atraviesa el territorio ancestral de los pueblos indígenas.
El viernes en la noche ya se conocía los nombres de los funcionarios que forman parte del gabinete legal. Entre los designados hay funcionarios impresentables con historias de corrupción, que pone en entredicho el compromiso tantas veces repetidas por el gobernador, Rutilio Escandón, tanto en campaña como gobernador electo, de que gobernaría con honestidad y honradez.
No puede haber un gobierno honesto y honrado con funcionarios que no lo son. Y Rutilio Escandón sabe perfectamente que Javier Jiménez, Helmer Ferras, Julio Rincón e Ismael Brito no son personas honestas ni honradas, pues él conoce cómo cambió el rumbo de la vida de cada uno de ellos y sabe de las casas y propiedades que se hicieron en su paso por el Tribunal de Justicia. En el Palacio de justicia es un secreto a voces entre los trabajadores los mecanismos que implementaron para saquear el Poder Judicial del Estado, ya que crearon empresas fantasmas que vendían todos los insumos que se consume en esa dependencia.
Pero también se conoce cómo Julio Rincón, hoy designado como Directos de ICOSO, cobró millones de pesos por publicidad que contrataba el Tribunal con la Revista Julio, de su propiedad así como con agencia en Facebook que él mismo creó y manejaba.
Ismael Brito, hoy secretario de gobierno, se sabe que manejó a su antojo la Mesa de Reconcialiación, que mediante procedimientos inconstitucionales, liberó a más de mil presos con sentencia, violando la autonomía y jurisdicción de los jueces.
En lugar aparte se cuece la figura de César Amín Aguilar Tejada, Hoy Consejero Jurídico del Gobernador, quien como magistrado era el vínculo con la procuraduría y ahora con la Fiscalía, para darle instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo deberían de resolverse las sentencias. Pero se sabe que él fue el beneficiario del remate de propiedades hipotecadas que realiza el poder judicial, aprovechándose de la información privilegiada de la que disponía en la magistratura.
La integración que hizo el gobernador de sus excolaboradores en el Tribunal como funcionarios de primer nivel en el gobierno de Chiapas, sólo habla del nivel de complicidad que hay entre los funcionarios y el gobernante y desde el primer día se puede hablar de la falta de honestidad y honradez que hay en el nuevo gobierno de Chiapas.
