Familiares y activistas de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos en México y Canadá pidieron a las autoridades de procuración de justicia en el estado que llamen a comparecer al excónsul de Orlando, Florida, Juan Sabines Guerrero, para que declare sobre el homicidio del líder del movimiento antiminero en Chiapas, Mariano Abarca Roblero, acribillado a tiros en noviembre de 2009.
En conferencia de prensa, miembros del equipo de Otros Mundos A.C., así como la familia de Mariano Abarca, su hijo José Luis Abarca Montejo y el hermano del asesinado, Uriel Abarca Roblero, integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), hablaron sobre los ocho años de impunidad en el caso.
Mariano Abarca Roblero, miembro de la REMA, fue asesinado el 27 de noviembre 2009 en Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas, por sicarios vinculados a la empresa minera canadiense Blackfire.
Si bien los pistoleros fueron enviados a prisión, fueron liberados a los pocos años. El crimen sigue en la impunidad y nunca se investigó más allá sobre los autores intelectuales, que actuaron en complicidad con las autoridades locales durante el sexenio del entonces gobernador y ahora cónsul Juan Sabines Guerrero.
En julio pasado, los deudos enviaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Mexicano por haber violado el derecho a la vida de Mariano y el derecho a la justicia tras su asesinato. Esperan que ese organismo abra una investigación y, en su caso, emita una recomendación al gobierno mexicano.
Para la familia de Mariano Abarca –líder ambientalista asesinado por oponerse a la extracción minera en Chiapas–, no hay duda de que en su homicidio hubo planeación, coalición para delinquir, omisión y encubrimiento. Y en estas acciones participaron desde autoridades municipales de Chicomuselo y del gobierno del estado, hasta diplomáticos de Canadá.
Abarca fue asesinado cuando se encontraba afuera de su vivienda. Su familia y organizaciones acompañantes han documentado la forma en que sucedieron los hechos, y con esas pruebas esperan poder llevar a la justicia a exfuncionarios del gobierno chiapaneco.
También han evidenciado que el gobierno de Canadá influyó en el mexicano para favorecer los intereses de la empresa de su país Blackfire –propietaria de la mina La Revancha, de Chicomuselo–, una de las mineras que actualmente tiene en México entre el 60 y el 70% del total de las concesiones vigentes en el país.
Los denunciantes señalaron que mientras esperan la resolución de la CIDH, los habitantes de la Chicomuselo continúan organizándose para tratar de impedir que se abran las minas La Revancha, La Pera, Santa María, Grecia, y otras que se encuentran concesionadas en la zona sierra de Chiapas.
Blackfire llegó en 2005 a la sierra de Chiapas, y con promesas de ayuda a las comunidades abrió una mina en el ejido La Revancha. Durante dos años impactó las condiciones medioambientales de la cabecera municipal y las comunidades Grecia y Nueva Morelia, para extraer barita con el método a cielo abierto.
Miguel Ángel de los Santos Cruz, el abogado que lleva el caso ante la CIDH, sostuvo que el gobierno nunca actuó para garantizar la seguridad de Mariano Abarca, quien sufrió varios ataques y amenazas. Las autoridades nada hicieron para prevenir su asesinato.
Al contrario, dijo, hicieron todo para exponerlo en la mayor vulnerabilidad. Se pusieron del lado de la empresa canadiense, hasta que fue ejecutado a tiros el viernes 27 de noviembre de 2009.
Y la justicia no ha llegado hasta ahora, por el contrario, hubo negligencia deliberada para impedir que se esclarecieran los hechos. También hubo una omisión deliberada por parte de las autoridades estatales para nunca dar con los verdaderos autores intelectuales de ese asesinato, apuntó.
En ese sentido, pidió que se llame a comparecer a quienes en su momento tuvieron pleno conocimiento de estos hechos y que nada hicieron para prevenir la muerte del activista.
En particular, refirió, el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero tuvo conocimiento de todo antes y después del crimen, pero no se le llamó a declarar.
De igual manera, manifestó que el abogado y activista Horacio Culebro Borrayas, quien trabajó para la minera Blackfire, ha hecho declaraciones públicas donde ha señalado al coordinador de asesores de Sabines Guerrero, Nemesio Ponce, como posible autor intelectual del crimen, pero tampoco se le ha tomado declaración.
Finalmente indicó que a ocho años del crimen, la impunidad es la característica principal que se cierne sobre el asesinato del activista.
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y el organismo canadiense Minning Watch.
