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Chenalhó: omisión y desplazados

Editorial
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En Chenalhó son muchos los sucesos de violencia los que se han presentado y el gobierno continúa desestimando el clima de agravios, conflicto y de tensión social que prevalece en ese lugar, en el que la autoridad gubernamental ha sido omisa y ahora es directamente responsable de cualquier hecho de sangre que se presente en este municipio.

 

En Chenalhó, de años atrás existe una profunda polaridad social, que no está siendo entendida ni aquilatada por el gobierno de Chiapas, en donde el grupo paramilitar impuso sus condiciones en la región y las aguas están llegando a un nivel en el que se puede desencadenar un enfrentamiento grave en la población.

En diciembre de 1997, ya hubo en Chenalhó una masacre que el gobierno tampoco atendió con la celeridad debida y eso ocasionó la renuncia del gobernador en turno, Julio César Ruíz Ferro y las condiciones electorales de este momento son propicias para una nueva masacre.

El gobierno no atiende a la población desplazada por este grupo paramilitar, pese a los llamados de organismos defensores de derechos humanos y más aún, a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Mexicano.

Después de 20 días de plantón afuera del palacio de gobierno de 254 familias de desplazados de Chenalhó y que el Estado Mexicano haya sido observado por la CIDH en dos ocasiones por el mismo problema de desplazados; uno de Chalchihuitán y el otro de Chenalhó, se continúa con la misma actitud omisa y nadie le informa al gobernador, que es obligación internacional del Estado suministrar a los desplazados los alimentos indispensables y agua potable; cobijo y alojamiento básicos; vestido adecuado; y servicios médicos y de saneamiento indispensables.

Además el Estado debe garantizar la seguridad de los desplazados, a quienes se les protegerá de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros ultrajes a su dignidad personal.

Ambas situaciones han sido incumplidas por el gobierno chiapaneco, quien lleva más de 90 días sin proporcionar alimentos a las familias de desplazados. Esta conducta omisa por parte de la autoridad estatal, está produciendo un trato inhumano y degradante a la población desplazada, que no puede retornar a su lugar de origen por la presencia belicosa de los grupos paramilitares, que actúan bajo la protección y aquiescencia del gobierno.

El cambio del secretario de gobierno no modificó la situación de los desplazados, pues se pasó de la indiferencia a la criminalización, sin que realmente se realicen esfuerzos por cumplir con los acuerdos firmados con este grupo y sin que se realicen las medidas preventivas y de investigación para evitar mayores desplazamientos y para procurar los retornos parciales a las comunidades, al mismo tiempo que se implemente el desarme, la desparamilitarización y las sanciones de los responsables de estos desplazamientos en los últimos 22 años.