En un amplio sector de la población chiapaneca existe el consenso para declarar a Manuel Velasco Coello como el peor gobernante en la historia de la entidad. Las estadísticas económicas así lo confirman: el crecimiento de la economía durante este sexenio es de tasa negativa; La pobreza y la pobreza extrema pasó del 74 al 78%; de acuerdo con el INEGI, en el 2017 solo se crearon 35 nuevos empleos formales. Lo grave es que el monto del ejercicio presupuestal del sexenio superan los 420 mil millones de pesos, en el que nadie sabe en donde o en qué fueron ejercidos.
Junto a este despilfarro económico emerge la corrupción en el gobierno de Manuel Velasco. La generación de los jóvenes que tomaron por asalto el gobierno de Chiapas se caracterizan por su actitud depredador del presupuesto, en el que se enriquecieron de la noche a la mañana. Los nuevos millonarios pasean su riqueza en la impunidad y algunos hasta los premiaron con cargos de elección popular. Entre ellos se encuentran, Eduardo Zenteno, Fernando Castellanos, Ramón Guzmán Leyva, Jorge Betancourt, Roberto Rubio, José Luis Sánchez, Enoc Hernández, Ricardo Aguilar Gordillo, Miguel Prado de Los Santos, Eduardo Ramírez, Juan Pablo Montes de Oca, Juan Pablo Orantes Coello y encabezando la lista, Leticia Coello Garrido.
Para la Vox populi el futuro inmediato de Velasco Coello está en la cárcel, pero su buena fortuna lo tiene a salvo en este momento; pero la buena suerte puede llegar a cambiar, sobre todo porque hay un discurso anticorrupción y de transparencia que pronuncia enfático López Obrador, y que en la entidad lo reproduce el gobernador electo Rutilio Escandón, quien ya empezó a recibir la presión sobre la exigencia de que se investigue a la administración de Velasco Coello y se castigue a los responsables de la rapiña y del desorden financiero que hay en el gobierno.
La fortuna en este momento se encuentra de lado de Velasco Coello, pues supo construir una alianza con López Obrador que le proporciona temporalmente blindaje, pero la relación que tiene con el presidente electo no es suficiente para ocultar el desastre financiero de Chiapas, y antes de que concluya el actual gobierno se empezarán a dar conocer datos y cifras reveladoras sobre la corrupción generalizada de los funcionarios, así como de los familiares más cercanos del gobernador.
La situación económica de Chiapas no está para emprender una política de perdón, como sugiere el presidente electo, porque eso implica continuar con la práctica de la impunidad, que le restaría autoridad y credibilidad al gobernador electo Rutilio Escandón. Y que lo terminaría alejando de un amplio núcleo de población, que exige el castigo para los responsables del saqueo chiapaneco.
