Era previsible que los conflictos en Chiapas se iban a agudizar y así se señaló en reiteradas ocasiones. Las olas de protesta que se vivieron el día de ayer, es solo un anuncio de lo que se puede presentar en el próximo gobierno, sobre todo porque las cosas no van a cambiar de un día para otro y menos si no se toman medidas preventivas y de solución de los conflictos.
Hay demandas que son inconcebibles que no se atiendan, como es el caso de la burocracia o el de los desplazados que se encuentran afuera del palacio de gobierno. Hay otros como el de Amatán, el de Ixtapa o Pueblo Nuevo, que son generados por el control caciquil de la política que el propio gobierno ha tolerado.
Hay problemas como el de la balacera en Santa Martha en Chenalhó, donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, en donde los grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios.
En este momento la sociedad chiapaneca vive en una condición de limbo, en donde el gobierno en funciones no toma decisiones y el gobernante electo no integra el gabinete ni el proyecto de gobierno.
Frente a esta condición inerme del Estado, las personas y los conflictos actúan y se mueven en aguas subterráneas en la búsqueda de un estallido social, que está anunciado, pero en el que nadie interviene ni se toman medidas preventivas.
En Chiapas existe un relajamiento de la autoridad, en el que parece que el Estado no existe. Y este va a ser el mismo escenario en la gestión de Rutilio Escandón, en el que se prevé que la sobrecarga de demandas va a ser superior a la capacidad de respuesta que pueda llegar a tener el gobierno.
Los gobiernos irresponsables terminaron haciendo un daño mayor de lo que inicialmente uno se imagina. Por ejemplo, la crisis de la burocracia fue generada por el gobierno de Juan Sabines, que cuando inicia su administración habían 35 mil trabajadores aproximadamente y cuando concluyen los seis años de esa administración ya habían más de 52 mil trabajadores.
Situación similar ha sucedido en los gobiernos municipales, en la que se han agrandado la nómina a condiciones de que se hace imposible pagarla.
Bajo ese escenario de mucha movilización y conflictos así como el de una crisis financiera, el futuro inmediato de Chiapas resulta poco halagüeño en el que se puede esperar la agudización de la protesta.
