Equivocado el ataque a las estancias infantiles

En México la educación se encuentra regulada por el artículo 3º constitucional. En el primer párrafo de éste se señala: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

Bajo este precepto constitucional, la educación obligatoria que se imparte en México está dirigido a niños, niñas y adolescentes en una condición etaria de 4 a 18 años de edad, que comprende el ciclo de preescolar a educación media superior, pero deja afuera a los infantes que tienen cumplidos un año de edad hasta 3 años 11 meses cumplidos, que de igual manera requieren la atención obligatoria del Estado, considerando sobre todo, que en las condiciones actuales del mercado laboral, hoy día laboran hombre y mujeres y este grupo de niños y niñas corren el riesgo de quedarse en casa solos o bajo el cuidado de vecinos y familiares que no poseen conocimientos especializados para desempeñar esa función.

La atención a este grupo etario de infantes se da en los centros que se conocen como  estancias infantiles, guarderías o Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), estas estancias aparecieron en el país en los mercados públicos de la Ciudad de México, en donde los comerciantes podían dejar a sus hijos en un lugar en donde los cuidaran; luego este servicio se empezó a ofrecer a hijos que no fueran de comerciantes ni que laboraran en los mercados.

Esta demanda del servicio de guarderías o estancias infantiles se generó a principios de los años 80 del siglo pasado, a partir de las demandas laborales que sindicatos de trabajadores de la administración pública hicieran al gobierno, y se empezó a brindar como una prestación laboral y no como una obligación del Estado. Fue así como las distintas dependencias del gobierno empezaron a abrir los CENDI para ofrecer este servicio a las madres trabajadoras al servicio del gobierno y años después, esta demanda se trasladó a  las instituciones de seguridad social, y tanto el Seguro Social como el Instituto de Seguridad Social al Servicio de Trabajadores del Estado, empezaron a ofertar el servicio del CENDI.

Fue hasta el año del 2007, con el gobierno del presidente Felipe Calderón, en que las estancias infantiles se multiplicaron con el apoyo del gobierno pero como parte de la política social del régimen y no como una obligación del Estado en materia educativa. Es decir, que el Estado Mexicano decidió implementar medidas económicas de protección pero no reconocer que los niños y niñas son sujetos de derecho.

A partir de su creación. el programa de las estancias infantiles vino a atender un doble objetivo de un sector de población fundamentalmente femenino que requería disponibilidad de tiempo para trabajar y que necesitaba que se le brindara una atención educativa a sus hijos menores de cuatro años de edad, en donde al mismo tiempo que los niños socialicen, desarrollen habilidades verbales y psicomotrices que les permitan el desarrollo de las capacidades en la primera etapa de la infancia.

El Estado Mexicano como tal no asumió la responsabilidad de la seguridad social de brindar el servicio de estancias infantiles sino que como parte de la política social destinó recursos para el apoyo a las madres trabajadoras con ingreso menores a la línea de bienestar y a los padres sin pareja, para que sus hijos puedan asistir a estancias infantiles. Fue así que de manera parcial, el Estado buscó cumplir con el artículo 4º de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes que señala. “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

Sin embargo pese a lo limitado de la visión tutelar del programa de estancias infantiles, la propuesta del gobierno panista fue más progresista que la del gobierno de López Obrador que está provocando una regresión de esta política al cancelar los apoyos a las estancias y destinar los recursos directamente a los padres, para que sean ellos los que decidan a donde llevan a sus hijos. Esta postura es violatoria a derechos humanos, pues elimina la atribución de ciudadanía que tienen los niños y niñas, pues ellos tienen ya el derecho para decidir, pero además se retorna a una arcaica visión de que son los padres los responsables de los hijos cuando la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes considera que son una responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad.

Las estancias infantiles con todas las deficiencias que poseen vienen cumpliendo una función social, que el Estado no quiso adquirir directamente y mientras no haya una mejor opción educativa para la primera infancia, éstas deben de seguir operando con el mismo esquema de financiamiento público.