La indiferencia hacia problemas de inseguridad

Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura para encontrar chivos expiatorios y con ello encubrir a los verdaderos culpables de los delitos.

No es fortuito que en la  nueva administración se presuma como importante logro, que los delitos graves sucedidos en las últimas semanas, están resueltos y los responsables se encuentran en prisión. Al respecto, el récord de esta administración es sorprendente, pero poco creíble: en menos de 72 horas la policía ha detenido a los presuntos culpables, con una rapidez que los resultados de la policía chiapaneca supera en eficiencia al FBI y a Scotland Yard.

Lo grave es que muchas de estas acciones fantasiosas orquestadas por el personal de la fiscalía se revierten en los amparos ante los tribunales federales, en donde los jueces federales suelen ordenar la liberación de muchos de los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles. 

En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso del gobernante. La postura de aplicación de la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a las condiciones de impunidad que imperan, donde el castigo significa acabar con los privilegios de la clase política y la sanción a una serie de funcionarios que se enriquecieron en el desempeño de sus funciones, comenzando con la figura de los últimos gobernadores de la entidad y eso simplemente no se va a dar.

Por el número de asesinados en la entidad y por la violencia generalizada en más de 20 municipios, lo deseable en el país es que se constituyera lo más rápido posible un Estado de derecho y, con ello, se genere la división de poderes. Esta significaría la impartición de justicia y la posibilidad del castigo a los políticos que hayan incurrido en desvíos, lo que reduciría considerablemente los niveles de impunidad.

La inacción política y la impunidad contienen y expresan un riesgo mayor para la sociedad, que la violencia se acreciente en esta coyuntura en el que en Chiapas no existe el Estado y las normas no suelen aplicarse.

Una amenaza social es la impunidad. Desafortunadamente en Chiapas la impunidad es muy superior a la eficacia, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno se sancionara. Son estas estadísticas lo que debiera hacer que se mejore todo el sistema de impartición y procuración de justicia, pues se corre el riesgo de haya un incremento de homicidios violentos así como de feminicidios.

De igual manera, lo peor que pudiera llegar a pasar como sociedad, es que terminemos acostumbrados a la violencia y los homicidios nos vuelvan indiferentes y dejen de causar indignación. Bajo esas circunstancias la inseguridad habrá ganado la batalla.