La legitimidad se construye todos los días

Lo deseable sería que los conflictos que se viven en Chiapas se resolvieran en lugar de que se agudicen.  Para ello la secretaría de gobierno debiera de crear una mesa de diálogo con los diferentes grupos y organizaciones demandantes, y a la vez, tomar medidas preventivas para evitar el surgimiento de nuevos conflictos.

Es cierto de que hay demandas añejas que no fueron atendidas por los gobiernos anteriores y resulta  cuestionable que no se atiendan y resuelvan con el actual gobierno; como es el caso de la población de desplazados en los Altos de Chiapas, que se han visto obligados a realizar plantones afuera del palacio de gobierno para exigir solución a un retorno con dignidad.

Hay problemas que generan violencia, como la presencia de grupos paramilitares donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, y estos grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios. El  nuevo gobierno en la entidad carga con la presión de dos medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por los desplazados de Chenalhó y los desplazados de Chalchihuitán, y dos recomendaciones de la CNDH, en donde le concedieron seis meses para que se desarmen los grupos paramilitares y elabore un programa de pacificación en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, y está por cumplirse cuatro meses de esa recomendación y no se ha hecho nada.

Esta pacificación implica el compromiso de verdad, justicia y reparación a los agravios reiterados, de desplazamientos, desapariciones, asesinatos, persecuciones y encarcelamientos que por décadas se han vivido en las comunidades indígenas de estos municipios sin que se sancionen estos delitos.  

El punto crítico que la administración de Rutilio Escandón no logra superar, es el relajamiento de la autoridad que se institucionalizó en los anteriores gobiernos, en el que se creó en el imaginario de la población que el Estado no funciona en la entidad y esto se refleja en los índices de impunidad que tiene Chiapas que es del 99%.

Este escenario de debilidad de las instituciones en Chiapas es lo que se tiene que transformar. La violencia generalizada y las violaciones a derechos humanos no debiera de reproducirse, pero desafortunadamente muchos de los problemas no se atienden en la gestión de Rutilio Escandón, con la eficacia que se requiere y a los problemas de gobernabilidad se le sumaron el problema de la inseguridad y la de los incendios forestales.

Incomoda señalarlo pero en Chiapas hace falta gobierno. Ganar las elecciones no es suficiente, en virtud de que la legitimidad se construye todos los días, con decisiones eficaces.