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Wed, Sep
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La violación de los derechos humanos en Chiapas

Editorial
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El gobierno en Chiapas no ha entendido que los Derechos Humanos se han convertido en la piedra angular de las políticas públicas en los gobiernos democráticos. Problemas centrales como la seguridad, la justicia, el medio ambiente, la atención a los grupos vulnerables, la migración, la atención a la mujer, la gobernabilidad democrática, la construcción de nuevas ciudadanías y las políticas anticorrupción, se encuentran bajo la mirada de la transversalidad de los Derechos Humanos.

En el país, todas las entidades federativas han elaborado normas jurídicas y planes y programas para garantizar el respeto a los derechos humanos. Pero aún y con todo ese esfuerzo realizado, el impacto de estos programas ha sido limitado, en mucho, por la falta de voluntad política, que se traduce en bajos presupuestos, en la discontinuidad de las acciones de prevención, en la baja calidad de los servicios de atención implementados, en la práctica policíaca de inventar culpables, en la dificultad de una articulación interinstitucional y en la debilidad de una cultura democrática que privilegie el respeto a los derechos humanos.

Ya se ha reiterado en otras ocasiones que el gobierno en Chiapas carece de una política en materia de derechos humanos. Una política en derechos humanos significa la ampliación de los derechos de la ciudadanía y una relación entre gobernantes y gobernados de respeto y de búsqueda de la armonía. Pero también significa prácticas democráticas y la búsqueda de la eficacia en las acciones de gobierno, que proporcionan legitimidad al gobernante. Por lo consiguiente, la ausencia de una política en materia de derechos humanos no es un asunto menor. Muestra la actitud de un gobernante distante a sujetar sus actos de gobierno a la ley, lo que significa prácticas sistemáticas de violación a derechos humanos.

Esta situación se percibe con claridad en la indiferencia gubernamental en la atención a los dos casos de privación de la libertad que existe: uno en Pantelhó, en el que hay 21 personas retenidas, desde hace 50 días, por el grupo de autodefensas denominado El Machete; y, el otro caso, es el del defensor de derechos humanos Ángel Ancheita Villafuerte, que fue privado de la libertad hace 30 días en la Comunidad Nueva Palestina y que ahora fue llevado a la Comunidad de Corozal.

En ambos casos la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido omisa al no emitir las medidas cautelares al gobierno de Chiapas, debido a que no se viene incumpliendo con las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. Aquí existe una interpretación equivocada, al considerar que en ambas situaciones el gobierno no es responsable de lo que está sucediendo, de allí el silencio y complicidad de la CEDH. Sin embargo, el Estado incurre en responsabilidad internacional, al no garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad y por la falta de una debida diligencia en la investigación de los sucesos que originaron el malestar en las comunidades, que produjo la privación de la libertad, así como a la falta de prevención y protección de los derechos humanos de las personas retenidas.