Estado de sitio en Carranza

En distintos momentos las autoridades en Chiapas han publicitado las reuniones y los acuerdos con las distintas organizaciones del municipio de Carranza, como logros significativos, pero la violencia siempre está latente y los enfrentamientos armados y ejecuciones extrajudiciales en la zona son una historia recurrente, que tiene polarizado a los grupos y que reproduce posturas irreconciliables, lo que dificulta la construcción de acuerdos y soluciones  integrales, que permitan diseñar procesos de paz  duradera.

Lo deseable en esta zona, es la firma de acuerdos de paz, pero en estos momentos las condiciones no son propicias por el asesinato de este pasado lunes, de un profesor, egresado de la escuela normal de Mactumactzá y con ligas a la organización Casa del Pueblo. Como respuesta a esta ejecución, la Casa del Pueblo acordó para este día, cerrar las entradas y salidas de Carranza,  con las dificultades del libre tránsito, pero propiciadas por la falta de investigación, con la debida diligencia, por parte de la fiscalía.

La decisión de cerrar Carranza evidencia la ausencia de gobierno, en condiciones en el que se requiere de una eficacia en las políticas públicas, con el fin de garantizar la gobernabilidad y con ello dar cumplimiento a los programas que permitan la transformación tantas veces mencionadas, sin los resultados favorables, que den cuenta de los cambios y la transformación largamente prometida.

Cerrar las entradas y salidas de Carranza refleja un estado de sitio, que está siendo tolerado por el gobierno, que simplemente no sabe qué hacer, frente a la creciente  ola de delitos cometidos por la delincuencia organizada, sin que exista una respuesta institucional que ponga límites a las acciones violatorias de derechos que promueven las organizaciones y donde el gobierno no puede quedarse en estado contemplativo.

Mientras que en Carranza toda la población ya sabe de este bloqueo, en el palacio de gobierno, en Tuxtla, no se consideraron los mecanismos de prevención, protección y garantías de los derechos humanos a los que están obligadas a cumplir todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Pero que aquí en Chiapas no se cumplen, de allí en que exista responsabilidad internacional del Estado en caso de que surja la violencia.