La tensión política provocada por los migrantes

La ausencia de una política adecuada hacia los migrantes es la principal causa de las caravanas de migrantes que salen de Tapachula hacia el centro del país, que evidencia, entre otras cosas, la gran corrupción que prevalece en torno del tráfico de personas, debido a que los tráiler cargados de migrantes continúan operando en total impunidad; sin que esto obligue al Estado mexicano a actuar con responsabilidad y en apego a los derechos humanos, en el trato a los migrantes que se encuentran apostados principalmente en la ciudad de Tapachula, ciudad que vive la peor crisis social de la historia, debido a la presencia de miles de personas migrantes, de distintas nacionalidades, que vienen huyendo de sus países con la esperanza de mejores condiciones de vida.

La dimensión de las operaciones e este tráfico de personas y las cantidades de dinero que se manejan, hace presuponer, que las actividades que realiza esta red, cuenta con la aquiescencia de funcionarios y agentes de del Instituto de Migración y la participación de todos los cuerpos policìacos, quienes brindan protección e incluso colaboración con los grupos de la delincuencia organizada dedicada a la trata de personas.

Por eso resulta inexplicable que el gobierno de Lòpez Obrador se tarde demasiado en tomar la decisión de remover a los funcionarios del INM y de la Guardia Nacional, no tanto porque ellos sean directamente los responsables sino para enviar el mensaje enérgico de que el combate a la corrupción y los vínculos con la delincuencia organizada en la 4t es una tarea que va en serio.

En el corto plazo, el gobierno federal, en coordinación con el ACNUR, debe de apoyar a la población migrante a salir de Tapachula. Para eso, con anterioridad se establecieron acuerdos para proporcionar el transporte y reubicarlos en distintas entidades federativas, pero se viene realizando con suma lentitud, que termina fortaleciendo las redes de corrupción y extorsión que se construyeron en el pasado por los agentes del Estado, quienes tienen la obligación de atender, respetar y proteger a los migrantes y no lo vienen realizando.

De igual manera, las actitudes xenofóbicas que se percibe hacia los migrantes por parte de la población y cuerpos policíacos muestran la ausencia del trabajo preventivo que el Estado debe de realizar. Pues el artículo 1o de la Constitución y distintos documentos internacionales establecen que los migrantes tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y aquí en México se les viene proporcionando un trato como si no fueran sujetos de derechos e inclusive no se les permite el libre tránsito. En este sentido el Estado mexicano viola el derecho de las personas a migrar, y ademàs realiza el trabajo sucio al gobierno norteamericano al construir un muro invisible que impide la circulación de estas personas.

La dimensión que tiene el tráfico de personas evidencia que esto sería imposible de realizar, sin la protección de funcionarios públicos y cuerpos y agentes policíacos, aspecto que dificulta aún más la realización de cambios en las políticas del gobierno en la atención a los migrantes, situación que hace prever el incremento del número de caravanas que buscan llegar al centro del país.