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La UNACH no responde a las necesidades sociales de Chiapas

Editorial
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La Universidad Autónoma de Chiapas vive en la ilegalidad de su legislación universitaria. Esto debido a que la reforma de la Ley Orgánica aprobada por el Congreso Local, en el artículo tercero transitorio señaló: “Las autoridades de la Universidad contarán con un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Ley, para emitir la normatividad secundaria de la Universidad Autónoma de Chiapas”. Aspecto al que la Universidad no le dio debido cumplimiento, pues la Ley Orgánica fue publicada el 12 de febrero del 2020 en el Periódico Oficial y 29 meses después, el Consejo Universitario, el día de ayer, con una clara falta de legitimidad, aprobó el Estatuto General de la Universidad.

En estos 29 meses de ausencia de armonización de la Legislación Universitaria, el Rector de la Universidad, Carlos Natarén Nandayapa, invadió reiteradamente la esfera de competencia del Consejo Universitario y emitió disposiciones reglamentarias que regulan la vida académica sin tener competencia para hacerlo. Pero esta falta de armonización de las leyes secundarias no se subsana con la aprobación del Estatuto General de la Universidad, en virtud de que la Legislación Universitaria contiene 26 reglamentos que deben actualizarse para que estén de acorde con las disposiciones de la nueva Ley Orgánica y se debe aprobar el Reglamento Interior de la Oficina del Abogado General y el de la Oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, que se convirtieron en esta administración del Rector en dos instancias persecutorias, de ajuste de cuentas y de fabricación de faltas, en el que se sancionan y despiden a trabajadores universitarios sin que exista el soporte legal que avalen esos actos.

La falta de armonización de la Legislación Universitaria permitió el establecimiento de la persecución y el terror de las relaciones universitarias, en el que la  Rectoría de la Universidad construyó la arbitrariedad y la represión, en el que las normas se dictaban bajo el arbitrio y la conveniencia y en el que se consolidó una administración autoritaria, que nada tiene que ver con la convivencia democrática y de respeto a los derechos humanos que establece el artículo 2o de la Ley Orgánica, que paradójicamente el Rector señala en sus discursos pero que los incumple reiteradamente.   

La ilegitimidad de la aprobación del Estatuto General de la Universidad queda manifiesta en la ausencia de la consulta a la Comunidad Universitaria, que hasta ahora no conoce tal documento y que no participó en su discusión y aprobación. Esto desnuda las prácticas autoritarias y de violación de derechos humanos que se vive en la UNACH, en el que una disposición de la Legislación Universitaria importante para la vida y convivencia universitaria se aprueba en un albazo, sin consulta y en un período vacacional.

El rector de la UNACH ha impuesto su visión de universidad, una visión tropicalizada de una institución que privilegia la docencia sobre la investigación, que nada tiene que ver con las necesidades sociales y de desarrollo impuestas en este el Siglo XXI, y que por lo tanto en nada incide en la solución de los problemas de la sociedad chiapaneca. Para colmo de males, la administración universitaria no entiende la importancia de la Responsabilidad Social Universitaria y perdió la perspectiva de la misión de la universidad; de formar profesionales capaces, críticos, propositivos y creativos, con espíritu ético y humanista, con conciencia histórica y social, para incidir con responsabilidad en el desarrollo de Chiapas, aspectos que van en sentido contrario con el autoritarismo impuesto en el gobierno universitario.