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Necesaria una mayor transparencia pública de la información

Editorial
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La transformación social que prometió el gobierno actual en Chiapas no se observa en la forma ni mucho menos en el fondo. Aquí sólo existe el discurso de la simulación que construye y difunde mentiras oficiales, que se contraponen a la realidad y a la percepción de las personas. Es un hecho que los asuntos públicos en la entidad no caminan por el rumbo adecuado y por la indiferencia que manifiesta el gobernador a los problemas de la entidad, en el que todo hace prever  que las cosas  se van a poner peor.

Hay varios anuncios que muestran que la plaza en Chiapas se está calentando sin que eso genere preocupación alguna en el gobierno, que continúa sin tomar las medidas preventivas de protección a la población, sobre todo en los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, que cada vez son más frecuentes en distintos lugares del Estado y por el cobro del derecho de piso que la delincuencia está imponiendo en varias ciudades de la entidad. Este clima de tensión y de violencia ya se vivió en otras entidades como Morelos, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, en donde no se tomaron las medidas preventivas adecuadas y la autoridad terminó siendo rebasada por la delincuencia, como desafortunadamente viene sucediendo en Chiapas, en donde la delincuencia organizada asume el control de un mayor territorio en la entidad, bajo la complaciente mirada de las dependencias encargadas de la seguridad.

Resulta claro que la presencia de la delincuencia organizada no fue generada por el gobierno de Rutilio Escandón sino que tiene décadas operando en Chiapas, con un perfil diferente. Sin embargo la responsabilidad de este gobierno es inocultable debido a que no se tomaron las medidas preventivas y la atención que correspondía para evitar que llegara a la situación en la que se encuentra en este momento. Entre las cosas que no se hicieron adecuadamente fue la depuración y selección rigurosa con los controles de confianza de los comandantes de las distintas corporaciones policíacas, como del personal de la fiscalía y, fundamentalmente, la separación del poder judicial con la fiscalía, que mantiene una dependencia inaceptable, principalmente a través de los jueces de consigna.

En días pasados existió un operativo policíaco en Tuxtla debido a la detención de una célula de la delincuencia organizada, en el que presuntamente fue detenido un personaje clave de la delincuencia en Chiapas, pero que fue inmediatamente liberado por instrucciones superiores para evitar una tensión mayor en la población.

Sobre este operativo la fiscalía guarda un silencio cómplice, que en nada abona con la transparencia del ejercicio público de la autoridad y se dejan correr los rumores y las especulaciones en el que incluso se señala que en la protección a este grupo participa un familiar del gobernador, en el que se narra una historia que no es desmentida ni aclarada con hechos reales y concretos, situación que propicia una mayor especulación que en nada abona a una eficaz gobernanza en Chiapas.