La judicialización del circuito vial

En una entrevista que dio el secretario de obras, Ángel Torres Culebro, señaló que los empresarios que se oponen a la obra del circuito vial en Tuxtla tienen cola que les pisen, y con base a los nuevos acontecimientos, se observa que el gobierno de Chiapas realizó todas las presiones a su alcance para que estos empresarios se conviertan de pronto en los promotores del beneficio de dichas obras y las entrevistas que dieron, con su nueva postura, se difunde en todos los medios, en el que aparece la mano del gobierno.

Sin embargo, el hecho que dos empresarios, que fueron presionados y amenazados con sabe qué argumentos significan tres cosas: una, que el gobierno va con todo para garantizar la construcción de los puentes sin que haya autorización del estudio de impacto ambiental y de impacto social, que no le importa realizar consulta alguna a la población, ni derribar árboles, algunos de ellos con una edad superior a los cien años, que va a utilizar todos los medios a su alcance para que nadie impida la realización de esas obras; dos, que esa obra faraónica no es ninguna solución a la movilidad de la población, porque la mayoría de ésta utiliza transporte público, que poco o nada va a utilizar estos puentes ya que éstos transitan por las laterales y mucho menos se va a resolver el congestionamiento vial del centro de la ciudad, situación que confirma la verdadera razón de esta obra, es el soporte financiero para las campañas del 2024 y el circuito vial representa el monumento de la corrupción del gobierno de Rutilio Escandón. Y tres, el hecho en que dos empresarios se hayan doblado ante las presiones del gobierno, no significa que otros sectores de la población, inconformes con la construcción del circuito vial, vayan a abandonar la lucha, que parcialmente ya se judicializó por que se han interpuesto varias decenas de amparos en los juzgados federales.

Esta obra ha despertado las pasiones, hay defensores a ultranza de esta mal llamada modernización de Tuxtla, pero a su vez, hay grupos de población inconformes, que están convencidos de que esta obra no es la solución de la movilidad en Tuxtla Gutiérrez. El concepto de la movilidad está siendo mal empleado por el secretario de obras y de sus aplaudidores, que no logran entender, que el centro de la movilidad está en las personas y no en los vehículos. Por eso cuando algunos especialistas que se han manifestado en contra de las obras, mencionan la necesidad de mejorar primero las condiciones del transporte urbano, no los entienden-

El punto de esta discusión, que va a terminar de polarizar a la población, está en el cumplimiento del principio de legalidad, que hasta este momento está siendo violentado por las autoridades municipales y estatales. El municipio autorizó ya la obra del circuito vial y el derribo de casi medio millar de árboles, violando su propia normatividad y normas federales y convencionales, esto en virtud, de que para se autorice una obra de las dimensiones del circuito vial, se requiere primero la autorización de parte del consejo consultivo metropolitano y éste no ha sesionado, lo que significa que el acuerdo del cabildo es nulo en derecho.

El gobierno estatal también está en la ilegalidad, porque no ha armonizado la ley de movilidad estatal con la ley general de movilidad, armonización que debió de realizarse hace tres meses y ésta no se realiza porque en la ley general, existen claras restricciones para la autorización de obras como el circuito vial, que concentra la mayor cantidad de recursos en esta obra y deja en la desprotección otro tipo de obras básicas y necesarias para la población. Parte de esta ilegalidad, se encuentra en la ausencia de consulta a la población y más en virtud de que se encuentra asignada la obra cuando aún no tienen autorizado por parte de SEMARNAT el estudio de impacto ambiental.

Son estas ilegalidades las que se van a explotar en los tribunales federales, con el riesgo de que un juez otorgue la suspensión provisional y obligue al gobierno de Chiapas a que apegue sus decisiones al marco de la ley.