La necesidad de cambiar el rumbo de Chiapas

La violencia y la inseguridad están convertidos en notas recurrentes en los medios y Redes Sociales. Desafortunada y lamentablemente estos sucesos están presentes en varias comunidades de la entidad, situación que las autoridades se resisten en confirmar e inclusive el gobernador del Estado mencionó en una reunión de evaluación que en seguridad vamos bien pero se puede estar mejor.

Este señalamiento del gobernador, que comparten algunos empresarios que se manifestaron a favor de las acciones del gobierno, contrasta radicalmente con la percepción de muchos sectores de la población que consideran que hay un incremento de la inseguridad y con ello, un incremento de crímenes con violencia.

Sin duda, el gobernador del Estado tiene el derecho de mirar su propia realidad y de manifestarla, pero esa realidad no corresponde con la percepción generalizada de la población, que vive en carne propia el incremento de la inseguridad.

Es un hecho que en estos momento no existe en el Estado un programa estatal de seguridad, y que incluso hay una solicitud a la federación para que se destine a Chiapas una importante fuerza de tarea de lo que va a ser la Guardia Nacional, lo que evidencia un fracaso del gobierno para hacer frente al incremento de la inseguridad y de la violencia.

Sin embargo no se puede pasar por alto que Chiapas sufre una creciente falta de generación de empleos y que además no existe un programa de estímulos para el crecimiento económico. A la vez, no existe un programa de salud, de educación y de fomento a las actividades agropecuarias; lo que significa que Chiapas padece problemas estructurales de pobreza y de violencia, que no pueden resolverse por sí solos ni aún con las acciones de política social que promueve el gobierno federal y que en Chiapas se pretenden vender como la gran panacea que van a mejorar las condiciones de vida en la entidad.

En los primeros 100 días de la administración de Rutilio Escandón -y se dice claramente administración y no gobierno, en virtud de que no hay gobierno-, en el que hemos sido testigos de la inoperancia política en la atención a la población indígena en desplazamiento forzado, en el que no se han propuesto mecanismos de prevención al desplazamiento ni se ha realizado investigación alguna que busca sancionar esta práctica violatoria a derechos humanos; fuimos testigos de la violencia política en el municipio de Amatán, en el que hubo dos asesinatos y eso condujo a la desaparición de poderes del municipio, pero con una operación política adecuada estos homicidios se pudieron haber evitado.  Ha habido un ominoso crecimiento de feminicidios que tanto el secretario de gobierno como el gobernador del Estado lo han negado. Se han presentado asesinatos de activistas políticos y defensores de derechos humanos. Se vive una delincuencia en las calles y después de varios años se presentaron asaltos a bancos. Todo ello en medio de una inoperancia de la fiscalía y de la impartición de justicia.

Chiapas presenta hoy día un rostro de lo que no se quiere vivir, no más violencia e inseguridad ciudadana. La situación social obliga a una convocatoria hacia una reflexión colectiva para definir los nuevos rumbos de Chiapas para mejorar la convivencia y las condiciones de vida de la población y no así a una convocatoria en torno a la unidad chiapaneca que promueve Rutilio Escandón, en donde sobresale la sumisión y el entreguismo de un grupo de personas que han hecho siempre lo mismo en los distintos gobiernos de la entidad.

Chiapas viene de 12 años de gobiernos desafortunados y de desaciertos en el ejercicio del poder y se corre el riesgo en que ese período se prolongue a 18 años, si no se cambia el rumbo del quehacer político en Chiapas.