La cara de la represión

 Resulta preocupante la situación compleja de gobernabilidad que se vive en la región de Bochil, El Bosque, Ixtapa y Simojovel. Ahí es reiterado el cierre de la carretera, el cobro de cuotas para permitir la circulación, el secuestro de funcionarios, la toma de edificios públicos, la disputa por el cobro en efectivo de la ayuda para fertilizantes y la constante toma de la caseta de cobro en la carretera a Tuxtla Gutiérrez.

 

Ayer se repitió el episodio de la toma de la caseta por pobladores del municipio de Ixtapa, que produjo el desalojo violento, mismo que es considerado por la secretaría de gobierno como un mecanismo de restablecimiento del Estado de derecho.

En el boletín del gobierno del Estado con desmesura se anuncia: “Grupo Interinstitucional restablece Estado de derecho y libera vía bloqueada”. Lo grave de este comentario o la ignorancia del mismo, es que al uso de la fuerza se le denomina Estado de derecho, cuando lo que debe prevalecer es el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

El Estado de derecho aplica cuando las autoridades sujetan sus actos a la ley y no cuando utilizan mecanismos represivos para inhibir la protesta. Si el gobierno de Chiapas de verdad pretende aplicar el Estado de derecho, entonces debe resolver los problemas de gobernabilidad en esa región y reducir los déficit de justicia e incumplimiento de derechos políticos, civiles, sociales y económicos.

Para que un gobierno señale el restablecimiento del Estado de derecho, previamente debe satisfacer las demandas sociales de la población, pues en sociedades de profunda desigualdad social y pobreza está ausente el Estado de derecho.

Es un hecho que la administración de Rutilio Escandón crece de proyectos para esta región, que se caracteriza por su beligerancia y por una tradición de lucha política. Parece obvio que Rutilio Escandón y el secretario de gobierno Ismael Brito ignoran que fue en Simojovel, en donde se inició un largo proceso de lucha indígena campesina que condujo a la recuperación de las tierras que estaban en propiedad de los finqueros. Esos funcionarios ignoran que ahí inició un movimiento encabezado por la CIOAC, y que después del movimiento zapatista de 1994, se creó un proyecto político de creación de regiones autónomas encabezado por el PRD y que ahí ese partido ganó la mayoría de las presidencias municipales de la región.

Con el desalojo de ayer, la administración de Rutilio Escandón provocó la ruptura con las bases de MORENA en esos municipios, que están viviendo en carne la propia la desatención de un gobierno que no tiene capacidad para resolver las demandas sociales, ni aún cuando son aliados. Lo grave de esa acción, es que sólo produjo encono porque no resolvió los problemas de raíz que están generando los problemas de gobernabilidad en la región.

Rutilio Escandón se está equivocando. Chiapas no puede ser gobernado a través de la fiscalía y mucho menos a través de boletines mal hechos, en donde sólo se demuestra la ignorancia de los funcionarios y la verdadera cara de la represión y la demagogia.