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Fri, Apr
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Los ataques presidenciales a la prensa

Editorial
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El gobierno de López Obrador tiene que entender que la fortaleza de la vida democrática del país, está en la existencia de una prensa y medios de comunicación libres, capaces de comentar y cuestionar todos los asuntos públicos sin censura ni limitaciones, así como evaluar abierta y públicamente el desempeño de los gobiernos sin temor de ser objetos de amenazas ni castigos.

Por eso resulta inentendible la actitud del día de ayer del presidente de la república, quien  dirigió sus críticas a la Revista Proceso, al periódico Reforma y al portal Sin embargo, en el que con sus comentarios está generando una censura sutil, donde se intimida a la prensa y periodistas a través de la exposición de la critica y linchamiento de las redes sociales.

En una democracia de baja calidad democrática como existe en México, el Estado debe de promover el pluralismo informativo y el debate de las ideas, sin embargo el presidente promueve restricciones a la libertad de expresión cuando se olvida que él es el presidente y autoproclama su derecho de réplica y arremete en contra de la prensa y periodistas en un acto que resulta intimidatorio, pues en él está depositado el poder del Estado. Y más porque de acuerdo con la Constitución y por la convencionalidad el presidente, así como todas las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligados a proteger y garantizar la protección de los periodistas y los medios de comunicación.

En nuestro país los mecanismos de censura se constituyen a través de la concentración de los medios y a través de los límites al pluralismo y a las presiones que establecen la inversión pública y privada en los medios, que limita la libre circulación de las ideas, pues finalmente todos los medios requieren de los convenios de publicidad y el Estado ejerce su poder de censura a través del financiamiento público.

El ejercicio de la libertad de expresión no se puede anular de un plumazo en la cancelación de las partidas de publicidad como se hizo en este gobierno, en virtud de que una de las funciones de esta libertad es el de desarrollar el esencial principio democrático de la rendición de cuentas, hacer visibles los actos del gobierno y discutir sobre las mejores alternativas en materia de políticas públicas.

El malestar presidencial hacia los medios que lo critican es una muestra de intolerancia que en nada ayuda a la construcción de un nuevo régimen político, como se propone en el discurso de la 4T. Y no ayuda porque lo que debate con las ideas son las dimensiones de la verdad, que entrañan los actos de gobierno, las políticas públicas y los resultados de estas. Y el presidente lo que viene haciendo con su supuesto derecho a réplica es a silenciar las opiniones contrarias por considerarlas falsas,  en el que impone una posición de infalibilidad en sus ideas, dañando en sí el debate y cancelando el pluralismo en el pensamiento.

Para los teóricos de la democracia la libertad de expresión es lo que permite que las posturas políticas que en algún momento son minoritarias puedan convertirse en mayoritarias, como sucedió recientemente en México en la elección del propio AMLO, por eso resulta incompresible los ataques sistemáticos de esta libertad, en el que indirectamente se ataca a la vida democrática en un doble sentido: al restringir la emisión de ideas y la de garantizar el derecho de recibir información, que permite forjar visiones, asumir compromisos y confrontar proyectos.