¿Quién protege a la delincuencia en Chiapas?

La violencia está desbordada en Chiapas. En los últimos días se presentaron diversos homicidios en extrañas circunstancias, que sólo reflejan el grado de impunidad que se vive en la entidad. En Tila dos niñas menores de edad  fueron encontradas muertas; en el municipio de Mezcalapa una niña fue secuestrada y luego asesinada por sus raptores en un escándalo que despertó la indignación en la población; en el municipio de San Juan Chamula es golpeada y asesinada una mujer por su pareja, en una muestra que evidencia el fracaso de la alerta de género y los esfuerzos realizados para la creación de la comisión del Congreso para atender los feminicidios; y en el municipio de Las Margaritas una pareja fue asesinada y descuartizada.

La realidad que se vive en Chiapas no se ajusta al mensaje que intenta enviar el gobierno con su discurso de cero tolerancia y en que no habrá impunidad, sobre todo porque el clima de violencia y de inseguridad se vive en todo el Estado, a punto tal de que nadie está a salvo.

Con el mensaje de cero tolerancia el fiscal general busca posicionarse como el funcionario de mayor eficacia en el gobierno de Rutilio Escandón, quien ha construido los espacios de legitimidad que tiene este gobierno a partir de los desalojos de predios invadidos en el que la dependencia informa que se recuperaron seis mil hectáreas.

Sin embargo esta campaña publicitaria no cuadra con la incidencia de delitos violentos que hay en Chiapas, en el que los criminales no muestran el mínimo temor a la cero tolerancia. Es más, muchos de los anuncios realizados por la fiscalía, en el que publicita la detención de presuntos culpables de delitos con violencia, se encuentran bajo controversia, en virtud de que hay señalamientos de fabricación de pruebas y de invención de culpables.  

En el caso de la niña secuestrada y asesinada, la fiscalía detuvo como cómplice del presunto delito a una mujer policía. De ser cierta esa averiguación, entonces el gobierno tiene que explicar por qué no funcionan los dispositivos de control de confianza implementadas por el sistema estatal de seguridad pública, en el que desde hace 20 años se vienen destinando varias decenas de millones de pesos para la realización de exámenes, que permitan depurar a los cuerpos policíacos y al personal de la fiscalía. Esta observación no puede echarse a saco roto, porque el actual fiscal fue seis años secretario de seguridad en el anterior gobierno en el que se constituyó el mando único y tiene corresponsabilidad en las deficiencias del funcionamiento del organismo responsable del control de confianza de las policías.

Los señalamientos de actos delictivos cometidos por elementos de las policías municipales y estatales, así como por el personal adscrito a las fiscalías son reiterados. De varias semanas atrás, en un video en las redes sociales, se señala a un comandante de la fiscalía de alto impacto como responsable de los asaltos cometidos a personal de empresas gasolineras, en el momento en que se dirigen a realizar depósitos bancarios. Sobre esta acusación el fiscal general guarda mutis y no ha realizado declaración alguna al respecto. Situación que no deja de generar sospechas, porque cada vez es más evidente que la delincuencia organizada opera desde el interior de la fiscalía y de los cuerpos policiales de la entidad.