Los problemas de la corrupción, la inseguridad y la impunidad en Chiapas

El gobernador de Chiapas ya percibió que se debe de recuperar a Chiapas y cambiar el curso de la historia, pero la parte que a él le corresponde realizar no lo está haciendo. Y gran parte  se debe a que depositó su confianza en personajes que en los hechos, contradicen su discurso. Asimismo cómo confiar en el discurso de un gobernante si no existe correspondencia entre lo que se dice con lo que se hace.

En Chiapas se supone que hay una estrategia en contra de la corrupción, pero el funcionario que fue designado en la Auditoría Superior del Estado, dependencia clave para cumplir con los objetivos en contra de la corrupción, llegó a ocupar esa responsabilidad a través de mecanismos ilegales y corruptos, simple y sencillamente porque no cumple con los requisitos que establece la Constitución para desempeñar ese encargo y el Ejecutivo jamás debió de haberlo propuesto  ante el Congreso Local y los diputados nunca debieron de haber aprobado ese nombramiento.

El tribunal de justicia en Chiapas es otra dependencia que incumple con lo que mandata la Constitución y viene funcionando en la ilicitud, pues la ley establece que el tribunal constitucional debe estar integrado por tres magistrados constitucionales y hay cinco, lo grave es que se han nombrado magistrados constitucionales a sabiendas que ese órgano es inconstitucional y el consejo de la judicatura guarda silencio cómplice y es partícipe de las ilegalidades. ¿Qué significa que el tribunal de justicia funcione al margen de la ley? Pues simplemente que el discurso del gobernador en contra de la corrupción y de cero impunidad se convierta en pura simulación. No es posible hablar en  Chiapas del combate a la impunidad, si el poder responsable de la impartición de justicia está mal integrado y es el primero en violar la Constitución.

De igual manera cómo creer en las buenas intenciones de mejorar las condiciones de Chiapas si el responsable de la fiscalía general del Estado realiza una práctica sistemática de violación de derechos a la ciudadanía y se continúa con la estrategia de la tortura, la fabricación de pruebas y la imputación de delitos a inocentes. A esto hay que agregar que en la fiscalía se falsean los informes estadísticos de delitos en la entidad, pues hay instrucciones para que no se levanten carpetas de investigación de las denuncias que presenta la ciudadanía, y éstas quedan en simples actas administrativas.

Chiapas requiere urgentemente un cambio, pero ese cambio debe de provenir de la oficina del gobernador a través de una muestra clara e inobjetable de correspondencia en el cumplimiento de lo que se dice con lo que se hace y se deben de corregir las ilegalidades en el funcionamiento del aparato público. El ejercicio de un gobierno eficaz no es un juego de amistades y compadrazgos, sobre todo porque los tres grandes problemas que enfrentan los gobiernos en todos los países de latino-américa son la corrupción, la inseguridad y la impunidad, y la articulación de ambos problemas representan una gran complejidad para la gobernanza, por lo que deben enfrentarse con seriedad y responsabilidad, algo que no se viene haciendo en Chiapas.

En Chiapas se continúa con el servilismo de los funcionarios públicos, que no son aptos para la encomienda y de esa manera ocultan y justifican su falta de talento, conocimiento y capacidad para enfrentar los problemas de la entidad. En efecto, se deben realizar todas las acciones posibles para cambiar la realidad de Chiapas, pero para eso se requiere del mejor recurso humano y realizar los cambios urgentes en el gabinete.