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Juicio político al presidente municipal de Tapachula

Editorial
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Los sucesos de violencia policíaca del 27 de enero en Tapachula representa un caso abierto de una violación de derechos humanos a un grupo de campesinos pertenecientes al Ejido Pavencul y a un grupo de periodistas que cubrían la movilización campesina, en donde Cinthya Alvarado, colaboradora de este periódico, fue arbitrariamente detenida y mantenida en los sótanos del palacio municipal, en el que la policía torturó a un grupo de pobladores de Pavencul que fueron detenidos.

El clima de desinformación promovido desde la presidencia municipal de Tapachula, en el que se buscó fabricar pruebas para inculpar a Cinthya Alvarado de incitación a la violencia, en el que esta periodista fue linchada en la redes sociales, queda desvirtuado con el video que empezó a circular, en donde se muestra la violencia policíaca que se ejerció sobre los detenidos.

Ante esta prueba incontrovertible, la presidencia municipal de Tapachula inició una campaña de disculpa y luego de promesas de investigación y sanción a todos los policías que participaron en ese acto aberrante de tortura. Pero nada dice de la campaña de linchamiento en contra de la colaboradora de este medio, en el que se circularon videos editados con el fin de demostrar que ella fue una de las personas que incitaron a la violencia, cuando en realidad lo que hizo fue cubrir el suceso bajo una actitud de indignación y de rechazo al despliegue policíaco que prevaleció en esa movilización de protesta campesina.

Lo paradójico de esta situación, es que el presidente municipal de Tapachula, Dr. Oscar Gurría Penagos, ahora busca sancionar a los policías que participaron en la violencia a los detenidos, cuando los policías recibieron órdenes de un mando policial y este mando, forzosamente recibió una instrucción de una autoridad municipal de intervenir con el uso la fuerza en contra de los manifestantes.

¿Qué autoridad fue la que dio la instrucción al mando policial de emplear el uso de la fuerza? Eso es lo que se tiene que esclarecer en la investigación. Pero finalmente el presidente municipal es la autoridad responsable de los actos que realicen sus subordinados. Aquí lo que se pretende es eximir de su responsabilidad al presidente municipal, publicitando que éste no se encontraba en Tapachula, como si su ausencia no se pudiera remediar a través de los medios de comunicación que prevalecen hoy día. Con esta excusa infantil, lo único que provoca es que se piense que Gurría Penagos carece de autoridad sobre sus subordinados, y que cualquiera de ellos puede tomar una decisión de esta magnitud sin consultar siquiera al presidente.

Los delitos en derechos humanos se pueden clasificar en delitos por acción, por omisión y por aquiescencia. La presunta ausencia del presidente municipal el día de los sucesos lo exime de los delitos por acción pero no por omisión ni por aquiescencia, sobre todo, porque él debió de estar enterado de lo que había sucedido segundos después y debió de haber instruido de inmediato la sanción correspondiente a los responsables.

Del 27 de enero al 4 de febrero, la presidencia guardó silencio y con ello se presume un encubrimiento a los responsables directos. Ayer 5 de febrero el presidente Gurría tomó decisiones cuando la situación era irremediable, empezó a circular un video que evidenciaba la actuación del cuerpo policíaco fuera de los protocolos del uso de la fuerza.

Ayer, en la sesión del período extraordinario del Congreso Local, diputadas se pronunciaron en contra de la violencia policíaca en Tapachula y se mencionó el juicio político al presidente municipal, algo que resulta inevitable y que debe impulsarse para que nunca más en Chiapas, ningún periodista sufra una agresión por los cuerpos policiales.