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La renovación del gobierno

Editorial
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Chiapas arrastra en los últimos años una etapa de nulo crecimiento económico. Esto ha provocado un aumento de la pobreza y poca generación del empleo, lo que pone en riesgo no solo la viabilidad del desarrollo sino la frágil gobernabilidad que hay en la entidad.

Es en las comunidades indígenas donde más se han resentido las políticas equivocadas de despilfarro del gasto público en los últimos gobiernos, que ha ocasionado un mayor crecimiento de la población y con ello de la pobreza. Esto viene provocando una agudización de las problemáticas sociales en varios municipios, lo que complica la intervención y solución de los problemas. Entre los municipios de más alta conflictividad son San Juan Chamula, Oxchuc, Chenalhó, Zinacantán, Aldama, Tenejapa, Ixtapa, El Bosque, Simojovel, Bochil, Pueblo Nuevo, Tila, Chilón y Venustiano Carranza.

En cualquiera de esos municipios existen condiciones sociales para que una chispa se convierta en un problema mayor, sobre todo, por la fuerte presencia de grupos paramilitares, por la presencia del narcotráfico y porque las organizaciones sociales de toda esa región se encuentran fuertemente armadas, además de que se vienen propiciando tensiones en contra de Bases Zapatistas o de adherentes de la Sexta Declaración de la Selva, en donde el principal ingrediente de disputa está en la posesión de las tierras; situación que tiene divididas y confrontadas a cientos de comunidades, sin que exista una política de construcción de paz y de desarme en ese territorio y sin que haya el interés de parte de la secretaría de gobierno para atender la problemática.

Todo lo anterior fomenta en Chiapas la creación de escenarios de violencia en gran parte del territorio del Estado y con ello se mella y se pone en riesgo la frágil gobernabilidad que existe, en un momento en que el gobierno mantiene una  restricción presupuestaria en la entidad, encubierta en una falsa austeridad, en el que no hay obras ni inversión pública, debido a la contingencia sanitaria, y donde la entrega de los apoyos de los programas de bienestar resultan dudosos y su impacto social es imperceptible.

Bajo estas circunstancias se requiere una urgente renovación del gobierno y a la vez asumir un nuevo compromiso político para sentar las bases para la transformación de las condiciones sociales y económicas de la entidad. La decisión no es un asunto sencillo, porque eso implica acabar con las complicidades con funcionarios que acompañan al gobernador desde el período en que fuera presidente del tribunal de justicia, pero que han demostrado con creces que llegaron al nivel de incompetencia y en el que la eficacia de un gobierno no puede estar determinada por los niveles de amistad o compadrazgos, debido a que la magnitud de los problemas en Chiapas son, por mucho, superior a la capacidad de respuesta de los funcionarios y el futuro de la entidad no puede seguir supeditada  a complicidades ni al desorden social.