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La responsabilidad del Estado en la violencia en Aldama y Chenalhó

Editorial
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El gobierno de Rutilio Escandón, desde su inicio tuvo pleno conocimiento del grave conflicto que existe entre los municipios de Chenalhó y Aldama y jamás le ha dedicado el tiempo necesario para tomar las medidas eficaces para prevenir y/o evitar los riesgos a la vida y la seguridad personal provocada por esta violencia, que lleva más de 30 muertos y miles de indígenas desplazados, y que el día de ayer fuera herida con una arma de fuego una monja dominica, que realizaba actividades humanitarias, entregando alimentos en un paraje de Aldama.

Con su conducta omisa, el gobernador está incumpliendo con la obligación constitucional de garantizar el libre y pleno ejercicio de derechos a los habitantes de estos municipios, pero con su ausencia de mando y de toma de decisiones con responsabilidad, está impidiendo que se realicen las investigaciones y se sancione a los culpables de la generación de esta violencia y más cuando las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar son deberes constitucionales y establecidos también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de observación obligatoria en México.

Los niveles de impunidad que hay en la violencia generalizada en muchos municipios indígenas se debe fundamentalmente a la ausencia de efectividad en la investigación de los hechos y en la sanción de los responsables, en donde no existen detenidos en ninguna de las agresiones sucedidas en Aldama y Chenalhó, aún y cuando existe un destacamento policial en la zona, lo que contradice el discurso del fiscal del Estado, quien con gran ignorancia y mucha demagogia manifiesta que en Chiapas no hay impunidad.

Desafortunadamente el gobernador no entiende que hay crímenes que por la magnitud del horror que contienen y el dolor que provocan no deberían de quedar impunes, como viene sucediendo en este conflicto, en el que pareciera que en estos hechos violentos no cabe como respuesta el derecho, algo que resulta lamentable viniendo de un gobernante que es abogado y que además desempeñó el cargo de presidente del tribunal de justicia en Chiapas.

Resulta terrible imaginar que los delitos más graves del código penal en Chiapas no sean investigados y que por lo tanto no haya culpables, lo que hace evidente que no existe ninguna diferencia entre el actual gobierno y los que lo precedieron. Lo preocupante de esta agresión de ayer, es que esta historia se repite una y otra vez, a punto tal que toda la semana han habido disparos en total impunidad y con pleno conocimiento de los funcionarios de los tres niveles de gobierno y ninguno actúa, convirtiéndose en cómplices de estas agresiones por su actuación omisa.

De igual manera, resulta difícil pensar que los crímenes sucedidos en lo que va de este gobierno en esta zona indígena, puedan llevarse a cabo sin contar con estructuras de organización paramilitar, y que éstas no cuentan con el respaldo de la estructura del Estado. El paramilitarismo se denunció en 1994 y a partir de esa fecha estos grupos actúan en total impunidad y bajo el amparo del Estado. Uno pudiera imaginar que un supuesto gobierno de izquierda iba a romper de inmediato con estas organizaciones, pero no ha sido así y la violencia se ha incrementado bajo la mira-da de un gobernante que no sabe qué hacer, y que como abogado que es, debiera de tener conocimiento que está incurriendo en el delito de homicidio por comisión de omisión y que cuando concluya se malograda gestión puede ser llamado a cuenta por su responsabilidad en estos crímenes.