La violencia en Chiapas

De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes que de ella emanen, y cuando se actúa de modo que las violaciones queden impunes, se incumple el  deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de derechos de las personas. Esto viene sucediendo en varios puntos del estado y alcanza el punto extremo de gravedad en los municipios de Carranza y Aldama.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en diferentes resoluciones que la justicia, para ser tal, debe lograr el efecto útil que se espera con su accionar y, en los casos que se traten de graves violaciones da los derechos humanos, “debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y en su caso sanción de los responsables”

Lo preocupante de la situación en los enfrentamientos armados como los que se están viviendo en los municipios de Aldama y Venustiano Carranza, y que desafortunadamente se presentan en otros municipios en Chiapas,  muestran que la ley no se aplica y que por lo tanto no se realizan las investigaciones correspondientes ni hay sanciones para los responsables de los ataques armados que ocasionan pérdidas de vidas humanas y personas heridas, situación que viene reproduciendo patrones de impunidad en la entidad, que demuestra que la justicia en Chiapas no tiene el efecto útil que se requiere.

En este sentido, resulta deplorable y vergonzoso que crímenes provocados por los enfrentamientos armados no se investiguen ni se sancionen y peor aún, cuando se observa en vídeos que esta violencia se desarrolla ante la presencia de la Guardia Nacional y de ministerios públicos, que piden permiso a los grupos agresores  para ejercer acciones de mediación y no de aplicación de la ley, muestra la fragilidad o inexistencia del Estado, pues esta violencia termina siendo consentida y tolerada por la autoridad.

Lo alarmante de los enfrentamientos armados en Aldama y Carranza es que la autoridad siempre tuvo pleno conocimiento de la existencia de grupos paramilitares y no tomó las medidas preventivas para desarmar estos grupos o para evitar los ataques y la generalización de la violencia. De allí que las autoridades sean responsables de estos crímenes al incurrir en el delito de comisión por omisión.

La autoridad estatal está rebasada ante el actuar de los grupos paramilitares. Así sucede en Tila, Chilón, Ocosingo, Pueblo Nuevo, Rincón Chamula, El Bosque y en Chenalhó, en el que la violencia está presente en estas comunidades con el consentimiento y complicidad del Estado.