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¿Cuáles son las prioridades del gobierno en Chiapas?

Editorial
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Chiapas tiene tres problemas históricos y estructurales y en los últimos años surgió un cuarto problema, estos son: la pobreza, la violencia y una pobre calidad en el acceso a la justicia. Ambas problemáticas no han sido debidamente atendidas, situación que viene provocando que en algunas regiones, particularmente en la zona indígena y en los municipios fronterizos, el malestar social se asocie con la delincuencia organizada, integrando un cóctel peligrosamente explosivo y más aún por la inacción gubernamental que hay en Chiapas, situación que refleja problemas de gobernabilidad y de inseguridad

Los intentos por construir la paz impulsadas por el gobierno tienen estrategias equivocadas, al evadir el establecimiento de un programa de justicia transicional, en el que el punto de partida sea la investigación de los crímenes en las comunidades, el castigo a los responsables y el desarme de los grupos paramilitares. La firma de pactos y reuniones recurrentes entre los actores, que instrumenta el Estado,  sin que se investiguen los delitos del pasado no va a conducir a la paz, sino a la impunidad y la reproducción de mayor violencia con injusticia en las comunidades, que cada vez con mayor fuerza son tentadas por los vínculos de la delincuencia organizada

La paz debe ser una prioridad en el gobierno de la 4t, pero no hay voluntad política para ello, lo grave de esta condición de violencia en varias comunidades indígenas, es que inexplicablemente desde el gobierno se apoya y protege a los grupos paramilitares, como sucedió en los anteriores gobiernos, a punto tal, de que en estos momentos grupos paramilitares, algunos de ellos con vínculos con la delincuencia, gobiernan algunos municipios indígenas; situación que hace imposible que fructifique cualquier esfuerzo en construir un proyecto de cultura de paz en las comunidades indígenas.

Un proyecto de justicia transicional es clave para Chiapas en estos momentos de mucha incertidumbre, pero no hay voluntad política para intentarlo, sobre todo, porque Chiapas se sigue gobernando con los mismos estilos del PRI, que tanto critican desde el gobierno federal, pero lo imitan y reproducen esa cultura política heredada por el PRI, en donde la corrupción galopa desbordada, sin una intención real de ponerle límites y castigar esas prácticas.

Socialmente las cosas no andan bien en Chiapas y no hay visos de que puedan mejorar en el corto plazo, debido al incremento de la presencia de la delincuencia organizada, que ha penetrado en las estructuras del gobierno, sobre todo en los policíacos y en la estructura organizacional de las propias comunidades indígenas. Todo esto ante la mirada silenciosa y cómplice del gobierno, que ha perdido márgenes de maniobra y que se ha desentendido del conjunto de ejecuciones extrajudiciales que de manera inusitada se vienen presentando en Chiapas.

La ausencia de investigación de todas estas ejecuciones extrajudiciales compromete la responsabilidad del Estado, debido a que es una obligación del Estado la de investigar y castigar los delitos, obligaciones de la que no puede sustraerse; sin embargo en Chiapas no existe la debida diligencia en la investigación y se continúan con las prácticas de fabricación de pruebas, invención de delitos y encarcelamiento de personas inocentes, lo que reproduce patrones de impunidad en los procesos de procuración e impartición de justicia.