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El papel del IEPC en las elecciones en el 2024

Editorial
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La Constitución en México prohíbe la publicidad política con fotografía y nombres de los funcionarios y la ley electoral prohíbe las campañas anticipadas. La realización de ambas –publicidad y campañas-, representa delitos electorales y genera a la vez, una violación a los derechos políticos. Sin embargo, en Chiapas se observan actos anticipados de campaña y publicidad a través de espectaculares de varios funcionarios, diputados y senadores, que se adelantaron a los tiempos electorales en clara violación a la ley y a la Constitución.

El organismo responsable de vigilar que se cumplan las disposiciones en materia electoral es el INE, a nivel nacional y los institutos locales electorales, en este caso el IEPC en Chiapas. Recientemente este Instituto electoral emitió medidas cautelares en contra de Plácido Morales, Jorge Luis Llaven Abarca y Sasil de León, quienes están obligados a borrar y desaparecer su propaganda política. Este requerimiento de la autoridad electoral no ha tenido un debido cumplimiento, sobre todo, porque los funcionarios tienen derecho a interponer un recurso en los tribunales en contra de las resoluciones del IEPC, situación que les permite continuar cometiendo delitos electorales, lo que en automático los convierte en delincuentes electorales.

Junto a estos delitos, los adelantados están recurriendo a encuestas ficticias, en el que se busca posicionarlos en el ánimo de la población, en donde el que paga las encuestas aparece obviamente en el primer lugar de la intención del voto, con lo que se busca manipular el sentido del voto en la población, vendiendo resultados irreales, con encuestadoras que actúan inescrupulosamente en aras de obtener ganancias. La vigilancia de estas encuestas y las metodologías empleadas por las encuestadoras, igualmente son parte de la responsabilidad de los organismos electorales, que se encuentran limitados por la misma ley, en virtud de que el cumplimiento de esta atribución solo se faculta su realización dentro de la jornada electoral, lo que genera un vacío que permite a los adelantados publicar resultados de encuestas en total impunidad, previo al inicio de la jornada, como sucede en estos momentos, en el que el secretario de salud, doctor José Manuel Cruz, difunde una encuesta en el que él está en primer lugar.

Todo este ambiente de violación a la ley y de impunidad en el cometido de delitos electorales, está siendo propiciado desde la presidencia de la república y desde la gubernatura del Estado con el fin de influir en los electores. La presidencia impulsa como su delfín a la gubernatura a Zoé Robledo y Rutilio Escandón está convencido que su sucesor va a salir entre Pepe Cruz, Ángel Torres Culebro y Javier Jiménez, pasando por alto las reglas del partido Morena, que las candidaturas se definen a través de las encuestas que realiza el propio partido y en el Estado de Coahuila ya se vivió la sorpresa de que el preferido de López obrador no ganó y en Morena se tuvo que aceptar ese resultado.

En Chiapas hay muchos adelantados que aspiran a la gubernatura, pero en realidad solo dos están en la competencia: Zoé Robledo y Eduardo Ramírez. Los otros aspirantes solo son comparsa o bien manifiestan su deseo por la gubernatura pero lo que buscan es una diputación local o federal y si la suerte los ayuda la senaduría de la república.  Pese a esta situación, el IEPC debe jugar un papel de aplicación de la ley frente a la recurrencia de delitos electorales cometido por los adelantados, e inclusive, debe documentar a quienes se les debe de impedir el registro como candidatos a cualquier puesto de elección, por los delitos electorales cometidos a través de la publicidad ilegal y los actos adelantados de campaña.